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El día internacional de la Tierra, 22 de abril, el lago de Guija, en la frontera de El Salvador y Guatemala, se volvió el punto de encuentro de dos pueblos que mantienen una lucha permanente por la defensa del agua y el lugar donde hicieron un llamado de atención para que se garantice la conservación y protección de los afluentes hídricos que dan la vida a cientos de comunidades en ambos lados de la frontera.
Las Organizaciones ecológicas de El Salvador y Guatemala realizaron en conmemoración del Día de la Tierra, una marcha acuática para denunciar la contaminación de afluentes trasfronterizos causada por la mina a cielo abierto Cerro Blanco que se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador.
Los defensores ambientales recorrieron en lancha el lago de Guija para demandar a las autoridades de ambos países centroamericanos frenen la minería a cielo abierto que genera una cadena de contaminación en las cuencas compartidas iniciando en el río Ostúa tributario del lago de Guija que a su vez alimenta al río Lempa.
El pasado 21 de noviembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minería a cielo abierto. Pero, organizaciones ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
Esta extracción pone en riesgo los afluentes hídricos de ambos países por la liberación de metales pesados como el arsénico, que a su vez pone en riesgo la vida de las familias en las comunidades.
Julio González activista del Colectivo Madre Selva asegura que es necesario que los gobiernos se comprometan a proteger el medio ambiente, especialmente el agua que está amenazada por la industria extractiva que es altamente contaminante.
“Se está alentando y permitiendo que se puedan desarrollar más proyectos mineros, en el caso de la mina Cerro Blanco esta es un contaminante tanto para Guatemala como para El Salvador”, dijo.
La empresa Elevar Resources, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources, pretende incrementar la extracción de 1000 toneladas diarias de material a procesar a 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo.
Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventualmente generará drenaje ácido que contaminan las aguas, el suelo y el aire y son dañinos para la salud de las familias en las comunidades.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la actividad económica de la mina, con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Las familias que viven en la comunidad Las Cuevitas en Metapán, El Salvador, a las orillas del lago de Guija aseguran sentirse preocupadas pues la contaminación que ya presenta el lago es un problema que afecta sus tareas diarias y las actividades mineras en el vecino país de Guatemala incrementarían aún más los niveles de contaminación.
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Cinco años han pasado desde que El Salvador declaró el territorio libre de minería metálica y aunque los proyectos de extractivismo se detuvieron durante este periodo, nuevamente se denuncia el riesgo de que puedan resurgir, pese a tener una ley de prohibición.
Durante los cinco años de prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica han mantenido una campaña permanente para que el Estado salvadoreño desarrolle las normativas necesarias para la aplicación de la ley y que salde las deudas pendientes con la población salvadoreña, sin que hasta hoy se haya logrado algún avance.
Deudas pendientes de compensación
La lucha social contra las empresas mineras, no terminó con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador aquel histórico 29 de marzo de 2017, fue apenas un paso para frenar la amenaza del extractivismo minero en el país.
Las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados al medio ambiente y la salud de las personas; una responsabilidad que hoy debe asumir el Estado. Las deudas pendientes de compensación se enlistan en:
- Pendiente quedan la justicia y reparación para los familiares de las víctimas de la violencia minera en el departamento de cabañas.
- Pendiente de aplicar cierres técnicos de minas que frenen la contaminación del agua y los suelos causados por 15 minas abandonadas en el oriente del país
- Pendientes procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por la explotación de minas, particularmente las afectaciones en la comunidad San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, que desde hace más de una década sufre los impactos del drenaje acido causado por la mina del mismo nombre.
- Pendiente la conversión de la minería artesanal y la creación de condiciones y alternativas idóneas para que las familias que residen en los cantones de San Sebastián y Santa Rosa de Lima subsistan de actividades económicas alternativas.
Protección de aguas transfronterizas
En el quinto aniversarios de la prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Contra la Minería Metálica también hicieron un llamado al gobierno de El Salvador para que haga uso de los tratados y convenios internacionales para denunciar la amenaza de contaminación del lago de Guija y el rio Lempa ante los avances del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
La empresa canadiense Bluestone Resources anuncio que el proyecto tiene el visto bueno del gobierno guatemalteco y que espera explotar 2.4 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de oro en un período de 11 años. Según ha declarado el presidente de la empresa, Jack Lundin, “Cerro Blanco” se convertirá en la mayor productora de oro de Centroamérica.
Para evitar la contaminación transfronteriza que amenaza al país, La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, junto a otros espacios ambientales han propuesto al gobierno que lidere la negociación de un Tratado de Aguas Transfronterizas, pero a la fecha la cancillería salvadoreña no ha tomado con la suficiente seriedad la problemática. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio, existen más de 40 concesiones mineras que amenazan al país en las fronteras de Honduras y Guatemala.
En el quinto aniversario de la prohibición, ambientalistas también demandaron que la prohibición minera se eleve a un rango constitucional y denunciaron la adhesión del Estado salvadoreño al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible- IGF, una institución financiada por el gobierno canadiense para promover sus empresas mineras a nivel internacional.
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El Gobiernos de Honduras resolvió recientemente la suspensión inmediata de las actividades mineras de la empresa MINOSA, por contravenir las sentencias judiciales que prohíben sus operaciones en el cementerio Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa en el departamento de Santa Barbara de Copan.
La resolución responde al conflicto entre la empresa y la comunidad Chortí en Azacualpa que ha denunciado la profanación y destrucción de un cementerio que tiene más de 200 años de antigüedad, pese a haber sido declarado patrimonio cultural en el año 2015 y de existir un amparo judicial emitido por la Corte Suprema de Justicia que le da protección.
La resistencia de la comunidad Maya Chorti comenzó en el año 1998 cuando la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals, inicio sus operaciones en una concesión de explotación otorgada por el gobierno hondureño. Desde entonces las comunidades se han organizado para proteger su territorio, su patrimonio cultural y sus derechos constitucionales.
El conflicto se agudizó en el 2012, después que la empresa hiciera pública su intención de exhumar y remover unas 400 osamentas del cementerio local que según organizaciones comunitarias data desde hace 200 años y que pertenece tanto a Azacualpa como a otras comunidades aledañas. Este anuncio fue recibido con consternación en las comunidades que intensificaron su lucha no solo contra el despojo de sus tierras, viviendas y monumentos históricos sino también contra la profanación de los restos sus seres queridos.
En noviembre del 2020, la corte suprema de justicia ratifico la sentencia ante un juzgado local de Santa Rosa, que había ordenado el cese de las exhumaciones. Pero la, empresa en complicidad con la municipalidad y el Ministerio Publico se rehúsa a acatar la orden y ha continuado sus operaciones. Desde diciembre de 202,1 ha seguido el proceso de exhumación con el apoyo de cuerpos de seguridad pública, a pesar de las denuncias de la comunidad.
Estos actos de agresión y descontrol han obligado a la Secretaría de Estado en los Derechos Humanos de Honduras a emitir un tímido boletín en donde comunica a la comunidad nacional a internacional que ha constatado las graves violaciones y desacato judicial por parte de la empresa minera, y que la profanación del cementerio ha hecho retornar el conflicto en dicho territorio. La resolución manda también a suspender las licencias del proyecto y a las autoridades competentes a emitir un reporte al ejecutivo.
Si las autoridades hondureñas no actúan en defensa de los derechos de los pobladores indígenas de la comunidad Chortí, Azacualpa será la siguiente comunidad en desaparecer a consecuencia del desplazamiento forzado que provoca la actividad minera.
Según registros de algunas publicaciones anteriores, las aldeas San Andrés, Platanares y San Miguel fueron reubicadas en la década de 1990 por el extractivismo. En San Andrés, una iglesia con vestigios coloniales del siglo XVIII, incluso declarada patrimonio histórico y cultural, fue también destruida, al igual que el cementerio de Azacualpa.
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Después de permanecer cuatro años injustamente en prisión, el guatemalteco Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad, este 24 de marzo, por buen comportamiento. Lo irónico de esta resolución es que Bernardo Caal Xol nunca tuvo mal comportamiento, más bien fue criminalizado por defender al Rio Cahabon y los derechos de las comunidades Q´eqchi´ que de ahí se sustentan desde tiempos ancestrales.
La primera acción en libertad de Caal fue reafirmar, en conferencia de prensa, que su lucha por la defensa del agua se mantiene firme “le hablaría nuevamente a mi pueblo con la cara en alto porque las empresas fueron quienes me fabricaron los delitos, tan solo porque yo les gané los reparos de justicia porque ellos no hicieron las consultas y se instalaron ilegalmente… la lucha de los pueblos debe continuar”, sentenció.
El líder denunció ante la prensa la corrupción que impera en Guatemala y que tiene como finalidad apropiarse de todas las instituciones del Estado. Hizo el llamado a las comunidades para seguirse organizando, denunciando y luchando por detener todas esas injusticias y abusos que se sufren en Guatemala.
Además, dijo que en la prisión aún quedan detenidas personas que están encerradas injustamente y que se debe seguir denunciando y luchando para que también sean liberadas.
Bernardo Caal Xol indígena maya Q’eqchi, es maestro, sindicalista, conocedor y defensor de derechos humanos y ambientales ha mantenido una lucha en la defensa de los ríos sagrados Cahabón y Ox-eek debido a los impactos causados por la Empresa Hidrolectrica OXEC que despoja a la población originaria de su agua y sus territorios en complicidad con instituciones gubernamentales guatemaltecas.
El río Cahabón esta ubicado en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala, una de las zonas que posee grandes riquezas en recursos naturales. A pesar de esa riqueza, la población mantiene índices altos en pobreza, desnutrición, alfabetización. Es en está zona donde las empresas que buscan explotar los bienes naturales de la región se encontraron con un movimiento denominado “la ultima resistencia”, liderado por el indígena y Maestro Caal Xol.
La denuncia de los abusos de la empresa OXEC transcendió las fronteras guatemaltecas, por haber destruido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas, y por haber violado acuerdos internacionales que consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier proyecto extractivo en sus territorios.
Lo que provocó que el 9 de noviembre de 2018, el tribunal de Cobán condenará a 7 años y 4 meses de prisión al defensor guatemalteco por los supuestos delitos de robo agravado y detención ilegal agravada.
El abuso y la arbitrariedad judicial han hecho de estos cuatro años una tortura para el maestro Caal. Sin embargo, no lograron callar la voz de denuncia, sino por el contrario, está se fortaleció a través de una campaña internacional, que llegó hasta Amnistía Internacional, quienes declararon a Bernardo prisionero de conciencia.
El equipo de abogados de Bernardo Caal informó este 23 de marzo que tras la reunión sostenida en audiencia con el Juzgado de Ejecución en el departamento de Chiquimula, se ordenó la libertad anticipada. Bernardo se encuentra libre pero con limitaciones en el ejercicio de sus derechos, con antecedentes penales y sin la posibilidad de optar por un cargo publico. Ademas, el Ministerio Publico todavía busca condenar a Bernardo por delitos de fraude en su accionar como líder sindical, aunque hasta la fecha no han podido presentar ninguna prueba que lo comprometa.
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El reciente anuncio del gobierno hondureño de declarar el territorio libre de minería a cielo abierto llena de expectativas a las organizaciones defensoras del ambiente y derechos humanos, quienes por años han sido sujetas a campañas agresivas de criminalización por defender el territorio y las fuentes de agua de las comunidades.
El anuncio que ademas deja sin efecto permisos de exploración y explotación minera a la industria minera en Honduras se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, noticia que fue difundida por redes sociales y que alcanzó las reacciones de diversas organismos y organizaciones ambientalistas a nivel regional.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país a nivel global en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa
La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros. Sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.
El anuncio del gobierno hondureño representa un alivio y da confianza a las comunidades rurales. Sin embargo, se mantendrán alertas para que está declaratoria sea cumplida firmemente.
La huella de violencia de los proyectos mineros
Con la nueva medida tomada por el gobierno de Honduras se espera poner un alto al alto índice de violencia y asesinatos que marcaba la principal denuncia de las comunidades en territorios en disputa y además que se priorice el cumplimiento de los derechos y el bienestar de la población antes que los intereses financieros.
Las comunidades rurales en Honduras han sido las más afectadas por la introducción de la industria minera. El desalojo de tierras y desplazamiento forzado, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua y la violación de derechos humanos, principalmente la criminalización de defensores ambientales, son de las afectaciones más comunes que causan la minería.
Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019. Honduras también aparece como uno de los países mas peligrosos para defensores ambientales del mundo en los reportes más recientes de la organización Global Witness.
Uno de los casos con mayor relevancia internacional, debido a la clara cooptación de las instituciones administradoras de justicia por parte de la industria minera fue el de los defensores del río Guapinol, con 8 privados de libertad por más de 29 meses, por defender el agua de sus comunidades en Tocoa, en el departamento de Colon.
En octubre del año 2018, más de 1,500 efectivos militares y policías desalojan a la fuerza al campamento de 200 personas de comunidades rurales del municipio de Tacoa que se mantenían en resistencia para proteger el río Guapinol ante el desarrollo ilegal de un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek.
Ese operativo militar deja como resultado el requerimiento injustificado de 31 defensores ambientales por parte del Ministerio Público por los delitos de incendio agravado, privación de libertad y asociaciones ilícitas, cargos que fueron después clasificados por la defensa como una táctica de amedrantamiento e intimidación contra los opositores de la empresa minera Inversiones los Pinares/Ecotek.
En agosto del 2019, inicia la detención injustificada para siete defensores ambientales que voluntariamente se presentaron ante los juzgados para responder al requerimiento del ministerio público.
Un informe presentado por la Alianza Centroamericana Frente a la Mineria en junio del 2020 concluye que el Estado hondureño enfrento la oposición local al proyecto minero de ILP y sus impactos ambientales, con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física violenta contra los habitantes que buscan defender el territorio en el que habitan y sus recursos naturales. Las víctimas y los testigos, que hicieron declaraciones ante una delegación internacional de académicos convocada por ACAFREMIN, identificaron a los militares, la policía y hombres armados locales empleados como guardias de seguridad por la compañía como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo del daño generalizado y la intimidación que sufren los defensores y defensoras del medio ambiente, los y las líderes indígenas, campesinos/as y pequeños/as agricultores/en Honduras cuando desafían a las industrias extractivas y los mega proyectos.
Después de casi 900 días en custodia, los defensores del río Guapionol fueron liberados, después que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que declarara la nulidad del juicio contra los defensores.
El 24 de febrero del 2022 es histórico porque demuestra la resistencia y firmeza de los defensores ambientales y de las comunidades, organizaciones y organismos que se mantuvieron unidos en la lucha por la defensa del agua. Con la prohibición de la minería a cielo abierto, el gobierno de Honduras escribe una nueva fase y marca un antes y después en la explotación y defensa de los bienes naturales y del derecho de los pueblos de conservar el agua y sus territorios.
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