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El lago de Izabal, también conocido como golfo Dulce, es un lago que se encuentra en el departamento del mismo nombre, en el municipio El Estor, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala.
Este lago es más grande de Guatemala, mide 45 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, con un área total de 589,6 kilómetros cuadrados, está conectado y desemboca en el Mar Caribe, a través de un lago más pequeño.
Desde el 2014, el lago está siendo afectado por las actividades que realizas la compañía minera de Guatemala Níquel Co, anteponiendo así los intereses económicos de una empresa extranjera ante los derechos de los ciudadanos guatemaltecos.
El impacto que genera la compañía minera Guatemala Níquel Co, subsidiaria del Grupo Inversionista suizo Solway, en el lago Izabal después de siete años es evidente, y afecta directamente a los lugareños, quienes han visto reducir la actividad pesquera y sus fuentes de agua.
Las comunidades Maya-Q’eqchi’, habitantes ancestrales de la zona, han denunciado públicamente la complicidad del presidente Giammattei por hacer caso omiso a la devastación que genera la mina. La oposición de las comunidades al proyecto minero se ha hecho sentir, a través de diferentes actividades de protesta. En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la licencia de explotación minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta a las comunidades del área de influencia.
Hasta la fecha el MEM no ha realizado un proceso de consulta amplia con las comunidades, sino una “pre-consulta” con líderes e instituciones no representativas de las comunidades, lo que incomoda a la mayoría de comunidades ancestrales que han continuado sus acciones pacíficas y en defensa de los bienes comunes.
Mientras el gobierno guatemalteco ha mantenido una repuesta violenta, agresiva que busca callar las demandas de la población a la exigencia de proteger el lago y el medio ambiente, las comunidades Maya-Q’eqchi’ que viven en las orillas del lago de Izabal han sido ocupadas por un despliegue militar y policial que vigila y acosa a la población, allanando sus casas y ejerciendo presión para que desistan la protesta.
La medida más drástica para contener el descontento de las comunidades indígenas y proteger las actividades de la mina ha sido la imposición del toque de queda, aprobado con 85 votos a favor de un total de 160 diputados, esto permite a los militares controlar la zona y suspender las garantías constitucionales de las comunidades que habitan en la localidad de El Estor, Izabal.
La situación en El Estor, Izabal ha llegado al conflicto y enfrentamiento entre manifestantes y policías, debido a la oposición a la minería, esto ha afectado a toda la población y a una economía ya golpeada por la pandemia del covid-19.
La actividad minera para la extracción de Níquel, Cobalto y Hierro, en El Estor, Izabal, comenzó en 1970, cuando el Gobierno de aquel entonces, otorgó por 40 años la explotación de dicha mina a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la canadiense International Nickel Company (INCO). Desde aquel entonces el lago Izabal y las comunidades indígenas han venido resistiendo pacíficamente a la explotación y contaminación que genera la actividad minera.
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En El Salvador la labor periodística ha sido duramente vulnerada por parte de funcionarios de alto nivel, principalmente del presidente de la república, quien públicamente ha atacado la labor de la prensa y ha instalado una política de represión y acoso.
Las constantes burlas y amenazas hacia algunos periodistas declarados independientes han ido en incremento y pasan desde los diversos funcionarios públicos y una ola de troles desatados en redes sociales. A esto se suma los constantes intimidaciones y obstaculización de la labor que realizan elementos de la Policía Nacional Civil.
La Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), registra 205 casos de abusos y amenazas a la prensa entre agresión física, verbal y bloqueo de información.
Situación similar vive la prensa nicaragüense donde el gobierno ha instalado una ola de hostigamiento a la prensa que va desde heridas sufridas por periodistas en la cobertura de las protestas antigubernamentales, hasta el encarcelamiento de reporteros críticos de la administración de Daniel Ortega.
En Nicaragua la represión a la libertad de expresión y a la labor periodística es tal que se negó la entrada a Managua para cubrir las recientes elecciones a los reporteros de los periódicos El Heraldo, Le Monde, The New York Times, entre otros.
El gobierno de Guatemala también sigue la misma línea de acoso y obstaculización hacia la prensa, ya que ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señaló Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ).
Los ataques verbales del gobierno contra periodistas se tornaron más frecuentes y descarados luego de que el Covid-19 comenzó a propagarse en Guatemala en marzo de 2020. Las autoridades también han restringido el acceso a información sobre la pandemia.
De acuerdo al “Ranking 2021” de Reporteros Sin Fronteras (RSF), El Salvador se encuentra en la posición número 82, ocho puestos más abajo que en 2020.
Honduras por su parte ocupa la posición 151 en el ranking de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Es el penúltimo país latinoamericano, sólo Cuba se encuentra por detrás. Mientras que Nicaragua ocupa la posición 121 y Guatemala 116,
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que cada año evalúa la situación de la libertad de prensa en 180 países y territorios, muestra que el ejercicio del periodismo y encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 Estados del ranking y obstáculos en otros 59,
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado preocupación por las represalias que los altos funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua toman en contra de los periodistas independientes.
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Pese a que el agua ha sido reconocida como un derecho humano, en El Salvador se sigue viendo desde la óptica comercial y se sigue priorizando al sector privado antes que las comunidades y ciudadanía en general.
La propuesta de ley impulsada por la bancada oficialista establece hasta 15 años prorrogables para que los privados exploten los recursos hídricos, lo que ha generado preocupación en los sectores sociales en el país y en dos relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 1 de noviembre el relator especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo; junto a el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, dirigieron una carta al presidente de la república por considerar que la propuesta del gobierno carece del derecho al saneamiento, tratamiento de aguas residuales, lodos fecales, entre otros y se basa solo en la explotación del recurso.
Los artículos 58, 61 y 63 de la propuesta oficialista, carecen de muchos vacíos referentes a las autorizaciones sobre explotación del recurso hídrico, requerimientos que las empresas privadas deberán cumplir al solicitar un permiso ambiental.
La iniciativa de ley de recursos hídricos fue elaborada por el Ejecutivo de Bukele y se llevó a la Asamblea Legislativa, dominada por su partido Nuevas Ideas, el 18 de junio.
Para su estudio y elaboración se creó una comisión ad hoc, formada en su mayoría por diputados oficialistas, que en la primera sesión acordó solo tomar como base la propuesta del Gobierno y desechar el anteproyecto de la sociedad civil.
Aunque en una primera fase la comisión recibió y escuchó los aportes de diferentes sectores, la sociedad civil organizada ha señalado que sus insumos no han sido tomados en cuenta.
Según la Alianza Contra la Privatización del Agua, la ley del agua debe contar con el consenso ciudadano y cumplir con cinco puntos no negociables que son:
- El agua es un bien público. Es un bien natural que es de todas y todos y no debe ser sujeto a privatización ni a que su gestión sea decidida por sectores privados para su enriquecimiento.
- Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Toda la población tiene derecho a tener agua en cantidad y calidad suficiente para tener una vida digna y que sus aguas residuales sean tratadas para no contaminar el ambiente.
- Su gestión pública con participación efectiva de la población. Es el Estado quien debe manejar el agua junto con la participación comunitaria, pues desde esa forma de gestión no se busca el lucro sino el beneficio de las mayorías.
- La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. El agua no nace del chorro, nace de los ecosistemas y por tanto deben ser estos los que se protejan, conserven y restauren de cara a garantizar el agua para toda la población, a las próximas generaciones y a todas las especies.
- Régimen económico y financiero, justo y equitativo. Con el agua debe de darse prioridad a los usos más importantes como el agua para consumo humano y doméstico, pero entre estos el cobro debe ser justo y acorde al fin que se le dé a este bien natural.
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Los jueces que ventilan el caso de los ocho defensores del río Guapinol se empeñan en buscar trabas y dar fallos arbitrarios que castiguen la acción pacífica de los ambientalistas por el solo hecho de denunciar la contaminación que genera la explotación minera en el afluente.
Los jueces Franklin Marvin Arauz Santos, Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar, no solamente se ensañan con los ocho ambientalistas detenidos, sino también violentan el derecho a la protesta pública que tienen los familiares y defensores de los ambientalistas, al cambiar sin razón alguna el lugar del juicio y trasladarlo hasta el juzgado de La Ceiba.
La reciente audiencia de revisión de medidas de detención, hace apenas un par de semanas, fue un proceso dilatorio, ya que los defensores fueron informados por los jueces de que el tribunal se pronunciaría sobre su liberación o no en un plazo de 24 horas, que es lo que establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, la resolución llegó tres días despues, negando la petición que los defensores continuaran su proceso en libertad bajo alegatos sin fundamento legal.
Más de dos años y medio han permanecido encarcelados los ocho defensores en un proceso judicial arbitrario en el que están implicados jueces, fiscales y funcionarios públicos del Tribunal de Sentencia de Trujillo.
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU han señalado la arbitrariedad en el proceso porque no existe fundamento legal para haber detenido a los defensores y menos para seguirlos manteniendo privados de la libertad; dicha detención es arbitraria pues constituye una represalia al legítimo ejercicio de los defensores defender sus derechos, a la libertad de movimiento, igualdad ante la ley, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación y libertad de participar en asuntos públicos, por lo que no hay bases que justifiquen la privación de libertad.
Edy Tabora, del equipo legal de los defensores del río Guapinol, explicó que después de dos años de detención no se han atribuido ningún delito a los defensores ambientalistas, motivo suficiente para dejarlos en libertad.
“El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encuentra la detención como arbitraria y sin base legal que justifique la prisión preventiva. De hecho, previamente había solicitado al estado de Honduras que dejaran en libertad a los activistas, repararan el daño causado por las ilegalidades y que se investigara a los funcionarios públicos, jueces y fiscales que forman parte del mecanismo que mantiene privados de la libertad a estos ocho hombres”, sentenció.
Agrego que la fiscalía no se opuso al cambio de resolución de medidas y dejó en manos de los jueces la resolución y que son los jueces los que se niegan en dejar a los ambientalistas en libertad.
Breve cronología de los hechos
En 2014, gobierno hondureño otorgaron dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.
En 2018 se inician los trabajos de construcción de una carretera para acceder a la montaña de Botaderos, el agua del río Guapinol comienza a sufrir problemas de contaminación y deja de ser utilizable para la comunidad.
Para bloquear la carretera, se montó un campamento que duró aproximadamente dos meses y que fue violentamente desalojado y fue desmantelado brutalmente por más de 1200 efectivos militares, de policía local y miembros de la empresa de seguridad privada COPIVERSE.
El 15 de enero de 2019, un tribunal especializado en crimen organizado ordena la aprehensión de 31 defensores ambientales vinculados al Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa. Finalmente, trece fueron puestos en prisión preventiva, siendo liberados 5. Mientras que 8 permanecen encarcelados hasta la fecha en el Penal de Olanchito.
Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naun Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz, todos ellos miembros del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), en Colon, Honduras permanecen detenidos bajo medidas preventivas.
Octubre 2021. Se niega la posibilidad de que los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro de Tocoa, Colón, se defendieran en libertad, el Tribunal de Sentencia argumentó que existe “peligro de fuga”, pese a que los 7 ambientalistas que están presos en Olanchito, Yoro, se sometieron voluntariamente a la justicia en agosto de 2019.
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En conferencia de prensa, este día las juventudes organizadas salvadoreñas dieron su postura con respecto al anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos (LRH) presentada el viernes 18 de junio por Fernando López, ministro de Medio Ambiente, asegurando que esta propuesta corresponde a intereses privatizadores.
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