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La región es una de las más vulnerables ante fenómenos naturales extremos causados por el cambio climático, situación que empeora el avance de proyectos extractivos en los territorios, aumentando el riesgo de las poblaciones.
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Comunidades rurales junto a organizaciones sociales y entes gubernamentales realizaron un foro titulado “Acuerdo de Escazú, su importancia para la cooperación internacional y el cumplimiento de La Agenda 2030” como parte de las actividades públicas que dan prioridad a dicho acuerdo.
La actividad que tuvo como principal objetivo el acercamiento de la sociedad civil con entes del órgano legislativo como el grupo parlamentario de jóvenes, para discutir y demandar que la asamblea legislativa comience el proceso de adhesión al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Con la ratificación de México como el Onceavo país que se suma a la firma del instrumento para la protección de derechos ambientales, el acuerdo toma vigor como acuerdo internacional.
En dicho evento participaron comunidades de Chalatenango, Cabañas, Tecoluca, Suchitoto y Jiquilisco que han sido zonas vulneradas en los temas ambientales y han denunciado diferentes tipos de violaciones a los derechos de defensores y defensoras de la tierra y el agua ante megaproyectos de la escala de minería, hidroeléctricas, urbanizaciones y las malas practicas del monocultivo de la caña de azúcar.
Vidalina Morales, lideresa en el Departamento de Cabañas y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) menciona “Esperabamos que el 26 de septiembre este Gobierno firmara este Acuerdo, cosa que no sucedio. Eso nos da la pauta para seguir luchando para que en El Salvador sea aprobado este Acuerdo de vital importancia para nuestro medio ambiente, para nuestros luchadores y luchadoras sociales, en defensa de los derechos humanos. Lo que nos tiene en este foro es seguir profundizando y seguir haciendo fuerza para que el ejecutivo apruebe este acuerdo“.
Cesar Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú hace énfasis ante la negativa del presidente Nayib Bukele para firmar este acuerdo.
“El 26 de septiembre fue el plazo límite para que el país lo firmara y ratificara y esa vía ya está descartada que el país no honro su compromiso, la única vía posible es la adhesión que vienen siendo el equivalente a firmar y ratificar en un solo paso, sin embargo, si el presidente Nayib Bukele no presenta el proyecto de adhesión a la Asamblea Legislativa no se puede iniciar formalmente para que el país se convierta en un Estado parte de Escazú”
La adhesión del Acuerdo de Escazú fortalecería la institucionalidad para la protección del medio ambiente de violaciones ambientales como las que suceden en la zona del Bajo Lempa como efecto del monocultivo de caña de azúcar.
Sonia Hernández lideresa del Bajo Lempa y representante de la Asociación Para El Desarrollo Para El Desarrollo de El Salvador describe el caso:
“En Tecoluca venimos desde el año 2000 con este problema del monocultivo, ha afectado al sector por la contaminación directa e indirecta y [ha generado conflictos] principalmente por el agua y la salud. La población esta enfrentando graves problemas de salud como la Insuficiencia Renal Crónica a causa del riego masivo de agrotóxicos, ante esto las instancias correspondientes no están haciendo nada al respecto”.
Al final, miembros y lideresas de comunidades participantes en el foro se comprometieron a seguir realizando actividades públicas para presionar al gobierno de Salvador para que la firma del Acuerdo de Escazú y el fortalecimiento de derechos ambientales sea una realidad.
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Por unanimidad de votos, la Corte confirmó que los ambientalistas no cometieron los delitos de usurpación y daños en contra la empresa minera Inversiones los Pinares. La decisión fue respaldada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras.
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Diputados y diputadas de La Asamblea Legislativa aprobaron con 78 votos la reforma constitucional a los artículos 2 y 69 donde incluye el agua como un derecho fundamental de la vida del ser humano así como al saneamiento como garantía al acceso de agua de buena calidad. Defensores en la lucha por el agua mencionan que, pese a esto, dicha reforma deja un vacío al no clarificar que la administración del agua tiene que ser sin fines de lucro.
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Naciones Unidas (ONU) respaldó la denuncia de las comunidades y organizaciones indígenas, quienes denunciaron casos de corrupción en proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca, en Intibuca.
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