Los ambientalistas de Guapinol, Tocoa, ubicada a más de 400 kilómetros al norte de la capital hondureña viven este miércoles un proceso de criminalización e intimidación, resalta un reciente informe del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).
Desde hace semanas, los vecinos de esta comunidad hondureña iniciaron una lucha ambiental en rechazo a las obras de la empresa minera Inversiones los Pinares, dentro del Parque Nacional Carlos Escalera, entre las comunidades de Guapinol y San Pedro.
Las obras ponen en riesgo el río y otras fuentes de abasto de agua y sobrevivencia de los pobladores.
En respuesta a las manifestaciones, los líderes de la protesta, fueron apresados bajo el delito de incendio agravado por defender este ecosistema y permanecen presos tratados como criminales de alta peligrosidad en una prisión de máxima seguridad.
La investigación señala las irregularidades en el proceso judicial establecido contra ellos y la población de forma general, pues el proyecto ha generado un conflicto en la zona que hasta el momento reporta un saldo de al menos seis personas muertas y la criminalización de más de 30 ciudadanos, acusados de varios delitos.
Además denuncia la militarización del territorio para refrenar el movimiento territorial de protesta y también que las denuncias de las comunidades permanecen sin respuesta por las autoridades responsables y el proyecto no ha sido cancelado.
Según el estudio, el 96 por ciento de la población de la zona rechaza la concesión minera y 39.4 por ciento afirmó que las causas que originaron el conflicto están relacionadas con los daños al medio ambiente.
Otro importante grupo considera que el conflicto se debió a la ausencia de consulta ciudadana para la instalación de la empresa minera y por otro lado realzan las ilegalidades en el otorgamiento de los permisos.
En ese contexto de resistencia, los manifestantes han sido objeto de represión y desalojo de los pobladores por parte de las fuerzas policiales y militares.
Igualmente, se han armado campañas de desprestigio en redes sociales y se ha hostigado a las comunidades defensoras del agua con patrullajes permanentes, control de las entradas y salidas, persecución y vigilancia constante.
A pesar de la intimidación, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa mantiene la exigencia al estado hondureño para que asuma su responsabilidad política y solucione las causas de fondo del conflicto socioambiental en las comunidades y los actuales procesos de criminalización y asesinatos.
Además, como demanda primordial establece la derogación del Decreto No. 252-2013, que reduce la zona núcleo (principal y protegida) del Parque Nacional Carlos Escalera y la cancelación de los permisos de operación a Inversiones Los Pinares.
También insta a reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho.
Conflictos como el anterior y también el de la población de La Tigra revelan que en Honduras acontece hoy un clima social de rechazo generalizado hacia la sobrexplotación de los recursos naturales como el agua y las acciones mineras en los paisajes naturales.
Original: Radio La Primerisima
