Guapinol

RESUMEN EJECUTIVO

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Este informe documenta los hallazgos de una delegación interdisciplinaria e internacional de académicos/as y un periodista/abogado que visitó el norte de Honduras del 8 al 15 de junio de 2019 con la misión de verificar información sobre violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen a los proyectos mineros de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en el municipio de Tocoa, Colón.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de los recientes desarrollos históricos y políticos en Honduras. Particularmente, el informe se centra en la última década, a partir del golpe de estado de 2009 y las raíces del conflicto actual en la oligarquía local que ha controlado los gobiernos posteriores al golpe. Tras el golpe, gobiernos sucesivos han profundizado las políticas neoliberales establecidas en la década de 1990. Han desregulado y privatizado la economía al intensificar la inversión en la industria extractiva por parte de las élites nacionales y las corporaciones internacionales. Estas industrias extractivas han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente a las poblaciones locales y sus proyectos están vinculados a conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad generalizada. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional (incluyendo directamente a países de la Unión Europea, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Israel), han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses comerciales.

En Tocoa, el Estado hondureño ha enfrentado la oposición local al proyecto minero de ILP y sus impactos ambientales, con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física violenta contra los habitantes que buscan defender el territorio en el que habitan y sus recursos naturales. Las víctimas y los testigos identifican a los militares, la policía y hombres armados locales empleados como guardias de seguridad por la compañía como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo del daño generalizado y la intimidación que sufren los defensores y defensoras del medio ambiente, los y las líderes indígenas, campesinos/as y pequeños/as agricultores/en Honduras cuando desafían a las industrias extractivas y los mega proyectos.

Los supuestos intentos por parte del gobierno hondureño por controlar la violencia contra los/as defensores/as del medio ambiente y los derechos humanos, los/as abogados que los defienden y los/as periodistas que informan acerca de tal violencia, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Faltan instrumentos efectivos y voluntad política para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger a la ciudadanía hondureña de los abusos contra los derechos humanos. Los defensores y defensoras ambientales en Tocoa, como en otras regiones ambientales en Tocoa, como en otras regiones de Honduras, que se oponen públicamente a los proyectos mineros de ILP y otros intereses económicos, se encuentran en gran medida indefensos y siguen expuestos al riesgo de ser asesinados. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria resultante de la persecución y el acoso a sus amigos, vecinos y familiares por parte del Estado.

RECOMENDACIONES

Al gobierno y otras instituciones de Honduras:

1. La liberación inmediata de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones de protesta contra los proyectos mineros de Inversiones Los Pinares, y la desestimación definitiva delos procedimientos pendientes contra los 31 defensores que han sido criminalizados.
2. El reconocimiento público del derecho de los defensores a defender de manera pacífica su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
3. La realización de una investigación exhaustiva, diligente e imparcial de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales y paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de los derechos humanos y periodistas en Tocoa que han protestado contra los proyectos mineros de Inversiones Los Pinares.
4. La aceptación por parte del gobierno hondureño de la cooperación técnica ofrecida por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, a fin de generar las capacidades para implementar sus recomendaciones de modo efectivo. 
5. Dadas las irregularidades incurridas en la concesión de las licencias mineras de Inversiones Los Pinares, que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) cancele las licencias mineras ASP y ASP2 localizadas en la zona núcleo del área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras.
6. La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
7. Para evitar conflictos similares en el futuro y cumplir con la legislación hondureña, se recomienda la inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas como protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable y el Registro de la Propiedad Inmueble, para evitar conflictos similares en el futuro.
8. La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declaró como confidencial la información técnica ambiental como la contenida en las solicitudes de licencias mineras. Esto permitiría el acceso público a la información relevante y facilitaría la consulta informada de acuerdo con los estándares internacionales.
9. Instamos al Estado de Honduras a adherirse al Acuerdo de Escazú (cuyo nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), a fin de garantizar que se tomen todas las provisiones necesarias para fortalecer el sistema judicial y ejecutivo que permitan acceder al pueblo hondureño y a los defensores y defensoras del medio ambiente a recursos efectivos que garanticen una oportuna impartición de justicia, reparación, prevención del daño y garantías de no repetición en materia ambiental.

A la comunidad internacional:

1. La denuncia de, en el mejor de los casos, la inacción y complicidad del gobierno hondureño o, en el peor, incluso su implicación en graves violaciones de los derechos humanos.
2. El seguimiento efectivo y oportuno por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la implementación por parte del gobierno hondureño de medidas cautelares ya emitidas para los defensores de los derechos humanos y sus familiares, como se observa en el Artículo 25.10 del Reglamento de la CIDH.
3. La emisión de sanciones al gobierno hondureño por parte de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA por no implementar de manera efectiva las medidas cautelares concedidas por la CIDH. La Comisión solicita a los estados miembros de la OEA que adopten mecanismos efectivos de protección para los defensores de los derechos humanos en riesgo de “daños irreparables”. Como se indica en los resultados de la investigación, el Estado hondureño actualmente no cumple con este requisito.
4. La aceptación de la comunidad internacional en virtud de la Convención de Ginebra de las solicitudes de asilo de los defensores del medioambiente, defensores de los derechos humanos y periodistas que huyen de Honduras para proteger su vida y la de sus familiares.
5. La presión de la comunidad internacional sobre el gobierno hondureño para que permita una consulta previa, libre e informada en los términos solicitados por los habitantes locales de Tocoa, y en línea con los estándares internacionales.
6. La condena del régimen de Juan Orlando Hernández (JOH) por parte de la comunidad internacional y el llamado a elecciones libres y justas.
7. La suspensión de la ayuda económica, no humanitaria, por parte de la comunidad internacional mientras el Estado hondureño no cumpla con sus obligaciones de respetar los derechos humanos y garantizar su pleno y libre ejercicio dentro de su territorio, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la suspensión de todo tipo de asistencia para seguridad. Asimismo, la ayuda humanitaria debe monitorearse cuidadosamente dada la historia de interferencia política en la región centroamericana a través de la misma.
8. En línea con las discusiones que actualmente tienen lugar en las Naciones Unidas y dados los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas a nivel global, que la comunidad internacional continúe dando pasos para el desarrollo de obligaciones de derechos humanos para las empresas, así como instrumentos jurídicos vinculantes que permitan la rendición de cuentas por sus abusos.

A la sociedad civil:

1. La denuncia de, en el mejor de los casos, la inacción y complicidad del gobierno hondureño o, en el peor, incluso su implicación en graves violaciones de los derechos humanos.
2. Dada la urgencia de proteger la vida de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente de Tocoa, recomendamos el acompañamiento por grupos externos (como Brigadas Internacionales de Paz), u otro organismo que pueda brindar la protección no disponible actualmente a través de las instituciones hondureñas.
3. Que se aliente a los principales medios de comunicación del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá a leer e informar acerca de los hallazgos de este informe.