Pobladores de los municipios de Sabá, Trujillo y Tocoa, Colón, interpusieron hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 252-2013 que redujo la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botadores, para la construcción del proyecto minero ASP1 y ASP2 de Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Con la aprobación del decreto se creó las condiciones para que se otorgara la concesión a la empresa Los Pinares sobre la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botadores, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras.
Los pobladores sustentaron el recurso en una acción de dolo consumada en el Congreso Nacional en diciembre del año 2013 con la aprobación del Decreto 252-2013 introducido por Ricardo Antonio Díaz Aceituno, diputado suplente de la ex vicepresidenta del Poder Legislativo, Lena Gutiérrez.
El apoderado legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, Allan Alvarenga, comentó que el decreto legislativo permitió que se entregará la concesión del proyecto minero en una zona de reserva.
Alvarenga señaló que en el ilícito participaron varias instituciones del Estado entre las que mencionó al Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Corporación Munucipal de Tocoa, Colón.
En diciembre de 2013, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos.
El recurso de inconstitucionalidad presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se suma a otro presentado el 26 de febrero por la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
Hasta el momento el Poder Judicial no ha notificado a los recurrentes sobre la resolución del recurso.
Este día la Corte Suprema de Justicia fue cerrada para impedir el ingreso de al menos 300 pobladores del departamento de Colón que llegaron a eso de las 9:00 de la mañana para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El edificio del Poder Judicial fue custodiado por policías y fue hasta después de dos horas que se les permitió el ingreso pero en bloques de diez personas.
El conflicto minero ha dejado hasta el momento seis personas asesinadas y la criminalización de 31 personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 13 personas fueron encarceladas y liberadas a las dos semanas—acusadas por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.
Original: Criterio HN
