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DENUNCIA
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.
En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.
Algunos representantes de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías, FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y medioambientales”.
De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros”[1]. En otras palabras es la empresa que se encarga de cambiar los espejitos por 1perlitas de oro.
De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.
En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue agudizando día con día.
En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.
San Salvador 16 de diciembre de 2021
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POSICIONAMIENTO
En el marco del día internacional contra los plaguicidas, personas con padecimiento de Enfermedad Renal Crónica (ERC) aglutinados en la Campaña Azúcar Amarga piden estrategia nacional para mitigar el aumento de muertes vinculadas a la actividad cañera
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra los Plaguicidas, para no olvidar la tragedia de Bhopal, India. Donde más 25.000 personas han perdido la vida y otras 500.000 han sido afectadas, como resultado de una fuga de gas tóxico, en una fábrica de plaguicidas propiedad de la empresa estadounidense Union Carbide.
En El Salvador, el uso indiscriminado plaguicidas, por décadas, ha provocado daños irreparables a la salud de la población, y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y fuentes de agua; superficiales y subterráneas que proveen a la población de agua. Sin embargo, según el MAG, más de $55 millones de dólares en agro tóxicos son importados al país cada año.
En febrero, representantes de comunidades afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar presentamos una carta al Ministro de Salud, Francisco Alabi, explicando que en nuestras comunidades existe una alarmante epidemia, debido a la prevalencia de la enfermedad renal crónica - ERC.
Datos del Ministerio de Salud, confirman que la mayoría de los pacientes diagnosticados por la ERC están asociados a factores tóxico-ambientales y ocupacionales-agrícolas, vinculando esta epidemia sanitaria a la exposición a pesticidas, fertilizantes y otros productos nocivos para la salud. Los mismos datos reportan que 9,908 personas murieron entre 2009 y 2018 a causa de la ERC. Representando en 2016, la 3ra causa de mortalidad general del país; la 1ra causa de mortalidad en hombres y la 5ta causa de la mortalidad hospitalaria en las mujeres.
En septiembre de 2013, por exigencia de distintas organizaciones sociales, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 473, que reformaba la ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos de uso agropecuario, para establecer la prohibición del registro, importación, fabricación, comercialización, distribución, uso y manejo de 53 compuestos activos de agroquímicos tóxicos. Sin embargo, el exjefe de gobierno, Mauricio Funes, no sancionó el Decreto y lo regresó a la Asamblea, con observaciones. Es de lamentar que ninguna de las siguientes legislaturas, incluyendo la actual, ha retomado este tema, a pesar de la evidente gravedad.
Ante este panorama, las personas de comunidades que están gravemente afectadas por el aumento de casos de insuficiencia renal acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, aglutinados en la Campaña Azúcar Amarga, resaltamos nuestra preocupación por la falta de atención estatal, en materia de salud, ambiental y social, y por la ausencia de una política pública que aborde adecuadamente las causas y consecuencias de esta emergencia sanitaria.
Por el contrario, el gobierno sigue otorgando permisos para la expansión de monocultivos de caña de azúcar, que además de aplicar pesticidas de manera indiscriminada, utiliza practicas letales como: el uso de indiscriminado del agua; plantaciones en terrenos que se encuentran a escasos metros de comunidades rurales, fumigación aérea y quema de caña sin tomar en cuenta zonas de amortiguamiento necesarias para prevenir las afectaciones humanas. Estos abusos han sido denunciados reiteradamente por las comunidades y familias que hoy sufren las afectaciones de la insuficiencia renal crónica.
También nos preocupa que en el contexto de la pandemia por Covid 19, mientras se incrementan las ganancias para unos pocos, generadas por un aumento en las exportaciones de azúcar; se ha precarizado la atención y resguardo de pascientes renales, en el marco de las medidas de emergencia sanitaria implementadas, agudizando la crisis en todo el país. Lamentamos que en esta realidad muchas de estas personas han tenido la muerte como desenlace.
Por lo anterior, como campaña Azucar Amarga exigimos:
- A la Asamblea Legislativa prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país.
- Al Ministerio de Salud, garantizar de forma efectiva el derecho a la salud de las personas que sufren insuficiencia renal, debido a la exposición de agrotóxicos utilizados en el monocultivo de caña de azúcar y desarrollar una estrategia nacional para el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica.
- Al Ministerio de Agricultura y Ganadería que regule eficientemente el monocultivo de caña de azúcar y prohíba prácticas dañinas como el riego aéreo y las quemas
- Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013 por los ministros y ministras de Salud de la Región del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
- Al Presidente de la República, que emita las instrucciones que estime necesarias para que las instituciones del Órgano Ejecutivo realicen todas las acciones necesarias para el respeto del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano, cuyas violaciones están asociadas a la exposición y utilización de agrotóxicos, especialmente en los monocultivos de caña de azúcar.
- Hacemos un llamado a la población en general, a todos los sectores sociales a nivel nacional e internacional, que se sumen a esta Campaña Azúcar Amarga para que el Estado salvadoreño reconozca la epidemia que sufre por la falta de atención a este grave problema de salud pública.
San Salvador, 3 de diciembre de 2021
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- Escrito por Pedro Cabezas
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PRONUNCIAMIENTO PUBLICO
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la corrupción y la impunidad estructural que altos y medios funcionarios de las instituciones Públicas del Estado, junto con grandes empresarios vinculados al saqueo y la explotación de bienes comunes y públicos que ponen en grave peligro de la vida en el Municipio de Tocoa, se pronuncia en los términos siguientes:
Hace ya siete años que funcionarios del Estado, desde el Congreso Nacional, el INHGEOMIN, el ICF, MiAmbiente, Municipalidad de Tocoa, se han confabulado con Lenir Perez para imponer un ambiente de terror en el Municipio, particularmente en el sector San Pedro, sector la Laguna, Guapinol, Ceibita, Nueva lempira, etc. Juntos han manipulado y creado un ambiente general de violencia y buscan culpables en las comunidades y el movimiento social para lavarse las manos de su responsabilidad directa.
Reiteramos nuestro repudio y no aceptamos la presencia de Lenir Perez e Inversiones los Pinares/Ecoteck en el territorio, y junto a las autoridades nacionales y Municipales son declaradas NON GRATAS por su comportamiento corrupto, violento, injusto, destructor y traidor a los intereses del pueblo. INHGEOMIN tiene en sus manos el último informe que levanto hace dos semanas y conoce la situación en que esta el rio San Pedro (totalmente sucio por sedimentación) eso y todos los actos de corrupción evidenciados hace a INHEOMIN, ICF y MIAMBIENTE responsables de cancelar la licencia ambiental otorgada fraudulentamente a Inversiones los Pinares por segunda vez y parar las operaciones de Inversiones Ecoteck. Todas sus operaciones son ilegales y están rechazadas en Cabildo Abierto cuyo tramite nacional a negado la Municipalidad de Tocoa.
Estamos ahora frente a esta Corte Suprema de Justicia para denunciar una vez más que la mano criminal de Lenir Perez sobre jueces, fiscales y el conjunto de funcionarios flojos y aprovechados que ha encontrado en las instituciones Públicas, tienen encarcelados a ocho defensores de la casa común con 23 meses de detención arbitraria, han pisoteado y violentado el régimen jurídico nacional para mantener viva la corrupción y la impunidad que está destruyendo el rio San Pedro, el rio Guapinol y el ambiente general en las comunidades.
Comunicamos a la comunidad nacional e internacional que el Tribunal de Sentencia de Trujillo ha convocado a Audiencia de Proposición de Pruebas el 06 de agosto a las 9:30am. El Comité exige al poder judicial, una audiencia con cobertura pública y con la presencia de reconocidas personas defensoras de derechos humanos. No le tememos al proceso judicial, pero desconfiamos totalmente de las trampas y la corrupción con que ha actuado el Ministerio Publico en este proceso imponiendo incluso, testigos protegidos como mecanismo para criminalizar la lucha de las comunidades.
Le recordamos a esta Corte Suprema de Justicia, que debe resolver lo más pronto posible el Recurso de Amparo en favor de los defensores que tiene bajo detención arbitraria. Lamentamos que el Amparo siga engavetado como si la justicia tuviera que estar aplastada por la corrupción que destruye la vida y la dignidad humana. Las familias y las comunidades exigen inmediatamente la resolución favorable al Recurso de Amparo.
Agradecemos a las organizaciones, movimientos y profesionales del país y del campo internacional por su apoyo, solidaridad y compromiso con la verdad y la justicia en Honduras. Solicitamos estar atentos y alertas a los acontecimientos de estos días.
«LIBERTAD PARA LOS DEFENSORES, EL AGUA, EL AMBIENTE Y EL TERRITORIO»
Tegucigalpa, 04 de agosto de 2021.
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
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- Escrito por Pedro Cabezas
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En el marco del Dia Internacional Contra la Minería a Cielo Abierto, las organizaciones que formamos parte de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, acompañadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos en El Salvador, PDDH, declaramos que:
La minería metálica, principalmente la minería a cielo abierto, es una industria extractiva que provoca impactos irreversibles al medio ambiente y la biodiversidad, destruye los ecosistemas, contamina con drenaje ácido las fuentes de agua superficiales y subterráneas, despoja a los pueblos ancestrales de sus territorios, empobreciendo, desplazando y aumentando la migración.
Las mujeres que representan la mayoría de los habitantes en los territorios amenazados por la minería a cielo abierto sufren diferenciadamente los impactos socioeconómicos de esta industria debido al incremento de la pobreza, la violencia de género, la prostitución forzada y el incremento de sus jornadas de trabajo no remunerado que conllevan al mayor empobrecimiento y precarización de sus familias disminuyendo sensiblemente sus condiciones de vida.
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- Escrito por Acafremin
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Las organizaciones integrantes de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, en el sexto encuentro regional realizado en el municipio de Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador.
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- Escrito por Pedro Cabezas
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En el marco del juicio contra Roberto David Castillo Mejía, miembro directivo de la empresa DESA acusado de coordinar el asesinato de la defensora Berta Cáceres, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería-ACAFREMIN se solidariza con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y todos los pueblos indígenas y campesinos que demandan justicia ante la imposición de un modelo económico global que fomenta el despojo de los bienes comunes de Honduras y toda la región centroamericana.
La lucha por la justicia para Berta Caceres es una lucha emblemática que evidencia la participación de operadores políticos y militares que confabularon con instituciones financieras nacionales e internacionales para fomentar corrupción, persecución y despojo de las riquezas del pueblo Lenca. Estos operadores son los mismos que implementan un modelo económico con andamiajes legales que debilitan el Estado de Derecho, cooptan los sistemas de justicia y utilizan estrategias de criminalización a líderes y lideresas para garantizar el acceso a los bienes comunes.
Las victorias políticas y legales alcanzadas en condiciones extremadamente adversas por el movimiento que busca justicia para la compañera Berta Cáceres, reafirman la legitimidad de las demandas de las comunidades Lencas que se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. La condena de los asesinos materiales de Berta en el 2019, el juicio actual contra Roberto David Castillo Mejía, autor intelectual del crimen, y la reciente desinversión de FMO del banco FICOHSA revelan un reconocimiento tácito de la violencia que permea el modelo económico neoliberal.
Centroamérica es una región que alberga a países con riqueza natural y biodiversidad compartida y que están conformados por diversos pueblos ancestrales que aportan conocimientos y prácticas culturales que enriquecen a la humanidad. Pero la presencia de las industrias extractivas ha provocado la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestra cultura, el empobrecimiento y desplazamiento de nuestros pueblos, y la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más visible has sido cruel asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con la defensa de los derechos de los pueblos y la madre naturaleza.
Nos preocupa la intensificación de la economía extractivista que se ha desatado en la región a partir de la Pandemia COVID 19 ante lo cual reiteramos nuestro llamado a construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.
Como alianza demandamos que el Estado hondureño y todos los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas, y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.
Hacemos eco a las demandas del COPINH y los pueblos en resistencia en honduras y exigimos al Gobierno de Juan Orlando Hernández:
1. Que se revierta todo el modelo de concesiones inconsultas en todo el territorio nacional.
2. Que se respete el derecho de las comunidades a participar de los procesos anticorrupción que involucran a los proyectos de muerte.
3. Que se proceda a cancelar inmediatamente la concesión al Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”.
4. Que se condene con todo el peso de la ley a Roberto David Castillo Mejía.
5. Que de manera expedita se libren las órdenes de captura a los autores intelectuales del crimen de la compañera Berta Cáceres.
6. Que el pueblo trabaje arduamente por construir un modelo económico, político y de vida basado en el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.
Mayo 21 del 2021
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- Escrito por Pedro Cabezas
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La empresa ENTREMARES pretende realizar encuestas los días 3,4 y 5 de mayo para que la población de Asunción Mita de su aprobación para que la mina Cerro Blanco cambie su proyecto minero, de minería de túneles a minería a cielo abierto, sin informar debidamente sobre los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas.
Desde el año 2007, hace 14 años la empresa ENTREMARES S.A. subsidiaria de la empresa minera canadiense Goldcorp, impuso su fracasado proyecto minero Cerro Blanco en las comunidades de Asunción Mita, pero la licencia fue aprobada ilegalmente por el Ministerio de Ambiente, además la empresa no cumplió con la ley al no informar debidamente al pueblo de Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente, ni consultó a la población, violentando así su derecho a la consulta libre, previa e informada.
Ahora la empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, ha adquirido los derechos mineros fraudulentos de la empresa ENTREMARES y pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irreversibles.
A pesar que la mina nunca pudo extraer un gramo de oro, ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. Los trabajos de la mina han contribuido al secamiento de fuentes de agua en Guatemala, como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa subterránea y obligando a las comunidades profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua. En El Salvador, la mina amenaza con contaminar el Rio Lempa que es la principal fuente de agua para dos tercios de la población del gran San Salvador y es fuente de abastecimiento para la pesca, ganadería y agricultura.
La mina ha comprado la voluntad de las comunidades cercanas, con carreteras, pintura de escuelas y ofreciéndoles trabajo, pero después de fracasar su proyecto en el 2013 despidió a los trabajadores sin prestaciones laborales, otros sufrieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica. Ahora la empresa BLUESTONE ofrece trabajos, pero a trabajadores que no son de las comunidades cercanas a la mina.
BLUESTONE RESOURCES, no cuenta con la licencia ambiental y no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que debe ser informado debidamente a toda la población, sus autoridades y organizaciones de contraloría ambiental para garantizar el derecho a la información.
La empresa pretende extraer 2.4 millones onzas de Oro, con un valor $ 1,800 dólares la onza. Y que le quedara a la población de Asunción Mita, decenas de millones de toneladas tierra contaminada, agua contaminada por el Drenaje Acido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, daños a la salud, riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer.
Ante esta situación
Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de las empresas ENTREMARES Y BLUESTONE RESOURCES, que pretenden engañar otra vez a las comunidades y presentar los resultados de esta encuesta como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas sin respetar el derecho a información y consulta de los pueblos de Guatemala y El Salvador.
Exigimos el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que solo ha contaminado la región, El Rio Astúa El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.
Demandamos que los gobiernos de la región establezcan un dialogo para negociar un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas para proteger las cuencas compartidas.
San Salvador, Guatemala 3 de Mayo de 2021
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- Escrito por ACAFREMIN
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La Alianza Centroaméricana Frente a la Minería por este medio expresa a la opinión pública nuestra profunda preocupación por la detención del periodista y activista ambiental Salvadoreño Eduardo Josue Barahona.
Eduardo Barahona es un comunicador institucional con la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, periodista con el periódico digital Vanguardia El Salvador y colaborador de ACAFREMIN, quien desde su vocacion como periodista ambiental ha dado cobertura a nuestros eventos, ha investigado temas de interés para ACAFREMIN y en ocasiones ha realizado consultorías de carácter institucional.
Según sus colegas y equipo de defensa legal, Eduardo Barahona ha sido víctima de usurpación de identidad y como consecuencia ha sido arrestado bajo cargos de fraude y falsedad ideológica con pruebas que no han sido debidamente investigadas por parte de la fiscalía.
Como ACAFREMIN exhortamos a las autoridades administradoras de la justicia Salvadoreña a que se le garantice el debido proceso legal de manera expedita, con una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos; y que se garantice el respeto a su integridad física y moral como defensor de derechos humanos.
Externamos nuestra solidaridad con su familia, organizaciones sociales y medios de comunicación Salvadoreños que lo acompañan y junto a ellos esperamos su pronta libertad.
#JUSTICIAPARAEDUARDO
San Salvador 14 de abril de 2021
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