Durante la madrugada del pasado miércoles 11 de enero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, miembros de la comunidad
Santa Marta, una repoblación integrada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, ubicada en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
En un operativo simultáneo, realizado el mismo día y hora, en el municipio de Guacotecti, del mismo departamento, agentes estatales también detuvieron a Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), integrada por pobladores de Santa Marta; y a Saúl Agustín Rivas, asesor legal de la referida organización comunitaria.
A todas estas personas se les acusa de cometer un asesinato durante la guerra civil (1980-1992) y de asociaciones ilícitas. Este último delito se relaciona con la narrativa del actual estado de excepción y está totalmente fuera de lugar en este caso porque los
detenidos no tienen ninguna relación con pandillas. Ante dicho acontecimiento, las organizaciones abajo firmantes expresamos públicamente lo siguiente:
1. Nuestro total respaldo, reconocimiento y solidaridad a la comunidad Santa Marta y ADES, a quienes se pretende descalificar, desprestigiar e intimidar con este dudoso procedimiento judicial contra sus miembros y representantes. Santa Marta es una comunidad ejemplar que ha logrado un enorme desarrollo social, como ninguna otra población rural en esa zona; y ADES ha contribuido enormemente al país, sobre todo en la protección ambiental en temas como la lucha contra la minería metálica.
2. No nos oponemos a investigar crímenes cometidos durante la guerra civil. De hecho, varias de nuestras organizaciones han luchado durante las últimas tres décadas por el conocimiento de la verdad, la reivindicación de las víctimas y la verdadera aplicación de
justicia. Sin embargo, lo actuado contra los miembros de Santa Marta y ADES no parece una acción genuina de hacer justicia, sino un acto de persecución y venganza política, en el marco de una ofensiva estatal contra organizaciones comunitarias de la sociedad civil que -en el caso de ADES- podría estar relacionada con las intenciones del actual gobierno de retomar proyectos de explotación minera.
3. La acusación contra miembros de Santa Marta y ADES evidencia claramente la doble moral de este régimen frente a los delitos cometidos durante la guerra civil y muestra su selectividad en la aplicación de justicia, pues al mismo tiempo se niega a investigar y procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por la Fuerza Armada y los grupos paramilitares de la derecha, entre éstos las masacres perpetradas en Santa Marta y comunidades aledañas, por tropas del Destacamento Militar No2, de Sensuntepeque, dirigido por el recién fallecido coronel Sigfredo Ochoa Pérez.
4. El caso también confirma la lógica absurda de criminalizar a las víctimas en vez de enjuiciar a los victimarios: la comunidad Santa Marta es víctima de las masacres y el exilio que sufrió, pero el Estado no atendió durante 30 años sus demandas de justicia y ahora prefiere enjuiciar a cinco de sus miembros. El sistema trata a las víctimas como victimarios y a los victimarios como víctimas. Es la “justicia al revés”.
Por lo tanto, ante tan aberrante situación, demandamos que el procedimiento judicial contra los miembros de Santa Marta y ADES sea transparente y respete los derechos humanos, sobre todo por las graves dudas que genera la falta de independencia judicial, institucionalidad y estado de derecho. También exigimos que el proceso sea fuera de las disposiciones del estado de excepción; y que cualquier diligencia se haga con los detenidos en libertad.
Así mismo demandamos del gobierno que cese la descalificación, estigmatización y persecución contra las comunidades y sus organizaciones. Y a la Comunidad Internacional le pedimos estar atenta a lo que sucede en el país y acompañar la denuncia
de las organizaciones cuyo único propósito es contribuir a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo integral de la población salvadoreña, especialmente de los sectores más vulnerables.
San Salvador, 12 de enero de 2023.
Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN)
Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador
Alianza contra la Privatización del Agua
Asamblea Feminista
Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular
Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares
Foro Nacional de Salud
Foro del Agua
Juventudes Antifascistas
Mesa Nacional contra la Minería Metálica
Mesa por la Soberanía Alimentaria
Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos
Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR)
Movimiento Ecofeminista de El Salvador
Movimiento de Trabajadores/as Despedidos/as (MTD)
Movimiento REVERDES
Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario (MODES).
Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico
Plataforma de Seguridad Ciudadana
Red Juventudes
