La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.
Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.
En el año 2015, miembros de la comunidad denunciaron que al menos 5 pozos de agua se habían secado debido a trabajos de exploración de la empresa que afectaron una vena de agua subterránea que abastece a la comunidad. En abril 2016, líderes de la comunidad organizados bajo el “Movimiento Comunal Santa Cruz de la India” determinaron que el 90% de los pobladores se oponen al proyecto minero. Tras una fuerte campaña de denuncia y movilizaciones contra el proyecto, siete miembros del movimiento fueron falsamente acusados de daño agravado al bloquear, en 2017, el acceso de trabajadores de la empresa a un lote público adquirido de manera ilegal por Cóndor Gold. El proceso legal, que fue finalmente abandonado por la empresa, se caracterizó por la falta de debido proceso y la complicidad de las instituciones del estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y los juzgados locales en la criminalización de los comunitarios a favor de los intereses de la empresa.
La insurrección de abril de 2018, que llevo a Nicaragua a un estado de crisis democrática y la suspensión tácita de los derechos constitucionales, ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los opositores de la mina de exigir sus derechos, mientras se ha recrudecido la campaña de violencia en su contra. Según reportes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, MONAFMI, desde el 2018 existe una ocupación policial de la comunidad mientras se ejecuta una campaña de acoso permanente contra líderes que se oponen al proyecto y sus familias. Los comunitarios han reportado que la policía ha realizado numerosas acciones de allanamiento sin orden judicial y detenciones ilegales, lo que ha forzado a algunos de los líderes a abandonar sus viviendas debido a las amenazas contra su seguridad.
A pesar del ambiente de represión, defensores ambientales de la comunidad Mina la India, acompañados por el Centro Humboldt presentaron una denuncia ante la Oficina del Asesor/Ombudsman de Cumplimiento, CAO, del IFC- Banco Mundial y pidieron una revisión de la inversión que dicha institución hace a la empresa para el desarrollo del proyecto. La queja argumenta que la comunidad no tuvo acceso a los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la empresa y aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales, MARENA; que no hubo consulta con la comunidad y no existe información sobre los alcances de dicho proyecto, ni sus afectaciones ambientales y sociales. En enero del 2020, voceros del MONAFMI, anunciaron que la IFC-Banco Mundial había retirado la inversión del proyecto minero.
Seguido a este anuncio, pobladores de Mina la India denunciaron el inicio de otra campaña de acoso contra líderes que se oponen al proyecto minero por parte de funcionarios de la empresa minera acompañados por agentes de la Policía Nacional y grupos afines al gobierno, que visitan a los dueños de la tierra requerida por a la empresa para iniciar su proyecto y demandan la venta de su propiedad.
En enero de este año, miembros de la comunidad reportaron la expropiación de un terreno perteneciente al señor Julian Onel Salazar. La denuncia de este hecho ante órganos judiciales del estado no tuvo respuesta. Este mes de septiembre, el Sr. Andrés Vilches fue detenido de manera ilegal después de denunciar que los trabajadores de la empresa habían dañado la entrada de su casa con maquinaria pesada y la Sra. Juliana Urriata ha denunciado el acoso parte de representantes de la empresa y la policía al negarse a vender su propiedad.
Estas denuncias contantes de los miembros de la comunidad de Mina la India contradicen reportes de la empresa Cóndor Gold, emitidos en agosto de 2020, donde notifica haber realizado “importantes avances en la eliminación de riesgos del proyecto La India mediante la compra de terrenos en y alrededor del área permitida del sitio”; según la empresa, el 85% de la tierra dentro del sitio permitido de la mina ha sido adquirida. El reporte también menciona la adquisición de dos licencias (América y Mestiza) que le permitirían expandir el proyecto minero La India.
Lo que el reporte de la empresa convenientemente omite es que la adquisición de propiedades y nuevas licencias se hace bajo un ambiente de intimidación y suspensión de derechos de la población, el uso de amenazas, expropiaciones ilegales y el desplazamiento forzado de familias que habitan en la comunidad.
La expansión de proyectos mineros se ha acelerado en Nicaragua desde el año 2018 y se intensifica más bajo medidas sanitarias implementadas a partir de la pandemia COVID 19. Como ACAFREMIN hemos denunciado que ellos gobiernos de turno han utilizado las medidas sanitarias para aumentar la represión y criminalización contra defensores ambientales; esto ha intensificado los conflictos sociales, la falta de transparencia y el acceso a información y consulta ante procesos de concesión.
Por lo tanto, nos solidarizamos con los miembros de la comunidad Mina la India y el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, y demandamos a las autoridades nicaragüenses el cese a la criminalización de la organización comunitaria en pro de la defensa de los bienes naturales.
Además, demandamos:
- Al Gobierno nicaragüense: Que restaure inmediatamente los derechos civiles de la población, incluyendo los derechos a la vida y la seguridad de la persona, a propiedad, y a no ser arbitrariamente privado de libertad, preso ni desterrado; y el respeto a las libertades de expresión, de asociación y protesta pacífica.
- En virtud de que nicaragua es firmante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, instamos a la comunidad internacional a velar por que el estado nicaragüense cumpla con su obligación de fortalecer la aplicación de derechos ambientales.
- A la empresa minera Condor Gold: que retire inmediatamente sus inversiones de nicaragua por no contar con la licencia social para establecer su proyecto y por incurrir en ilegalidades administrativas en complicidad con autoridades nicaragüenses.
