El miércoles 4 de septiembre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decretó un estado de sitio parcial después del asesinato de tres militares en el Estor, Izabal. La medida, ratificada por el congreso de la república, afecta a 22 comunidades los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz y Peten, con la suspensión de garantías constitucionales de la población.
En su mayoría, los territorios afectados por este decreto están habitados por comunidades indígenas y campesinas de baja condición económica que por décadas fueron sujetos a una guerra de baja intensidad que dejo un legado de bombardeos, desplazamiento forzado, desapariciones y decenas de miles de muertos.
Más recientemente, ante la imposición de un régimen económico neoliberal basado en la explotación de recursos naturales, las comunidades han luchado férreamente en defensa de sus derechos y los derechos de la madre naturaleza, ante los impactos de proyectos extractivos como la minería, hidroeléctricas y monocultivos de palma africana.
Dos casos emblemáticos de estos conflictos son los proyectos hidroeléctricos OXEC I y OXEC II, y la mina de níquel El Estor, operada por Compañía Procesadora de Níquel de Izabal S.A. (Pronico), que forma parta de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN. En ambos casos se han documentado violaciones de los derechos humanos de la población, criminalización contra defensores ambientales y la corrupción en procesos de administración de justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos de la población que pudieran resultar de esta medida ya que el decreto no cumple con el principio de proporcionalidad en relación al crimen cometido. Además de las observaciones de las Naciones Unidas, organizaciones sociales han denunciado que el actual estado de sitio se da bajo el amparo de una Ley de Orden Público que data desde 1965, cuando en Guatemala se vivía un conflicto armado interno, y además que este tipo de medidas, ejecutadas bajo el mando militar del presidente, son solo superadas por un estado de guerra.
Además de hacer eco a las denuncias expresadas por las organizaciones y movimientos sociales, la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMIN- denuncia esta medida por parte del gobierno de Guatemala, ya que se suma a un patrón sistemático de acciones por parte de los gobiernos de la región que tienen la intensión de socavar la lucha de comunidades organizadas de la sociedad civil que demandan una mayor transparencia en el manejo de los bienes comunes y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente derechos ambientales.
Advertimos que, según la experiencia de muchas comunidades en la región, estas medidas son parte de un modus operandi utilizado por los gobiernos en complicidad con las empresas multinacionales para militarizar áreas de interés extractivo y así poder avanzar sus proyectos sin la licencia social requerida por convenios internacionales.
Por lo tanto, demandamos:
- Al gobierno de Guatemala: el cese inmediato de la represión, criminalización y persecución ejercida en contra de líderes y lideresas de resistencia territorial.
- Al Congreso de la República: ANULAR el Decreto Gubernativo 06-2013 y restituir las garantías constitucionales de la población.
- A las empresas extractivas: abstenerse de avanzar proyectos que no cuentan con la licencia social de las comunidades.
- A la comunidad internacional mantener plena observancia y tomar las acciones pertinentes para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas organizados para la defensa de la vida y el territorio
San Salvador 10 de septiembre 2019
