El viernes 26 de agosto del 2019 siete defensores ambientales de la comunidad de San Pedro, en Tocoa, Colon, Honduras fueron remitidos a la Penitenciaria Nacional de Támara acusados por delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.
Los defensores, son parte de una lista de 32 ambientalistas requeridos por el ministerio público de Honduras, como parte de una campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios corporativos y empresarios de la municipalidad de Tocoa contra miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y los Recursos Naturales de Tocoa que se oponen un proyecto minero de oxido ferroso de la empresa Inversiones los Pinares.
Originalmente, las autoridades judiciales hondureñas alegaron delitos de secuestro, robo e incendio premeditado contra los defensores ambientales, sin embargo, en enero de 2019, los cargos fueron elevados a cargos de asociación ilícita contra el estado hondureño cuando los primeros 12 de 32 defensores y defensoras acusadas se presentaron ante el tribunal por su propia voluntad. Este cargo conlleva penas de cárcel excesivas bajo las leyes antiterroristas.
La principal preocupación de las y los residentes de Tocoa es la destrucción de las reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde se encuentran las principales fuentes de agua potable para la región del Bajo Aguan, que se extiende a los departamentos de Colón, Olancho y Atlántida, actualmente amenazados por la ejecución de un proyecto minero de Óxido de Hierro de la empresa Inversiones los Pinares.
A nivel local, ambientalistas argumentan que la licencia del proyecto fue obtenida de forma ilegal y exigen que la Corporación Municipal de Tocoa consulte con las comunidades según lo establecido en el Código Municipal de Honduras.
Desde octubre del 2018, el municipio de Tocoa y en especial la comunidad de Guapinol ha sufrido una ocupación militar permanente que afecta principalmente a las y los habitantes de la comunidad de Guapinol que han sido víctimas de persecución, violencia y criminalización.
Ante la reciente encarcelación de Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, las organizaciones que formamos parte de ACAFREMIN pronunciamos:
- Nos solidarizamos con el Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y los Recursos Naturales de Tocoa y demandamos que el gobierno de Honduras garantice el derecho al debido proceso para los defensores bajo custodia.
- Exigimos su inmediata libertad y hacemos al gobierno de Honduras responsable por cualquier vulneración a la Ley a sus derechos humanos.
- Hacemos eco a las demandas del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y los Recursos Naturales y exigimos la cancelación del proyecto minero de la empresa Inversiones los Pinares.
- Hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional para denunciar esta situación y exigir que cese la criminalización y la persecución contra quienes defienden la vida en Honduras.
#GUAPINOLRESISTE
#SOLIDARIDADCONGUAPINOL
