Después de la visita de un equipo de verificación designado por Oficina del Asesor de Cumplimiento / Ombudsman (CAO), del Banco Mundial al proyecto minero Mina La India, líderes del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India reportan el recrudecimiento de la represión, de la cual han sido sujetos desde hace varios años.
La empresa de origen británico Cóndor Gold, goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008. Desde entonces, la empresa ha desarrollado un portafolio de 11 concesiones en el Distrito de La India con una extensión de 313.26 Km2, donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto y subterráneo.
En julio de este año, once miembros de la comunidad Santa Cruz de La India, con el apoyo de ONG´s ambientalistas, pusieron una denuncia ante la CAO, un mecanismo de recurso independiente para la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. La denuncia afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información de la IFC.
También plantea inquietudes con respecto a los potenciales impactos sociales y ambientales: la falta de consulta e información sobre el proyecto, el agotamiento de las fuentes de agua subterráneas y el acceso reducido al agua para la comunidad afectada, el riesgo de desplazamiento involuntario, el riesgo de actividad sísmica, y posibles impactos a la biodiversidad y al ecosistema.
La queja también cita la criminalización sistemática de acciones de protesta que la comunidad ha llevado a cabo ante la amenaza del proyecto.
Desde el pasado 15 de noviembre Santa cruz de La India fue ocupada por efectivos policiales y miembros de las fuerzas antimotines para intimidar a la población y prevenir la participación de comunidades organizadas que se oponen al proyecto minero en las audiencias del equipo de verificación de la CAO.
Después de la visita del equipo de verificación, miembros de la comunidad reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero.
Uno de los principales afectados está el líder Olman Onel Salazar, miembro del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India y del Movimiento Nacional frente a la Minería Industrial -MONFAMI-, y quien se encuentra actualmente en la clandestinidad por amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales, persecución sistemática y allanamiento ilegal de morada por parte de los cuerpos de seguridad y acciones de intimidación psicológica contra su familia.
Otros miembros del Movimiento también afectados son: José Flores Valverde, Carolina Hernández Ramírez, Caren Milagro Laguna Sánchez, Rafael Penado Salazar y Nolan Laguna Sánchez.
Como miembros de la Alianza Centro Americana frente a la Minería -ACAFREMIN- manifestamos nuestra preocupación por la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua. Nos preocupa además el incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.
Por lo antes expuesto,
• Demandamos que el gobierno nicaragüense retome la ruta de la democratización y garantice la integridad física y psicológica de líderes ambientales que se encuentran bajo estado de persecución por cuerpos represivos del Estado.
• Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que velen por la seguridad y tranquilidad de las defensoras y defensores ambientales de dicho país.
• Exhortamos a los países accionistas del Banco Mundial demandar que la IFC retire su inversión en Cóndor Gold por su complicidad en la violación de derechos humanos.
