La Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) expresa su profunda preocupación por la censura, violencia y represión en Honduras; y manifiesta un enérgico rechazo a la decisión del gobierno Juan Orlando Hernández de anular las garantías constitucionales por los próximos diez días,
que incluye un estado de excepción que restringe las garantías a la libre circulación, para frenar las legítimas manifestaciones del pueblo hondureño que se registran en diferentes regiones del país exigiendo que se respete el triunfo del candidato opositor Salvador Nasralla en las elecciones del pasado domingo.
Las protestas en Honduras por el fraude contra el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dejan un saldo de varios muertos y decenas de heridos, según versiones confirmadas por organizaciones sociales y de derechos humanos en ese país.
A una semana de los comicios presidenciales, aún persiste el conteo de votos (con hermetismo), generando una profunda tensión en el pueblo hondureño, quien no ha dejado de salir a las calles exigiendo transparencia en el proceso.
La población asegura que permanecerá en las calles hasta que se realice el conteo voto por voto y esclarezca el resultado de las votaciones.
Ante el posible fraude electoral, la flagrante violación a las garantías constitucionales y represión ejecutada contra la población de nuestro hermano país de Honduras, la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) se une a las organizaciones sociales de Honduras que hacen un llamado:
• A que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y los cuerpos represivos suspendan el estado de excepción, y paren inmediatamente de reprimir y criminalizar al pueblo que tiene el legítimo derecho a la protesta y garantice la integridad física de aquellos que demandan transparencia en el proceso de escrutinio.
• Llamamos a todos los organismos de Defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional a velar por el respeto y la seguridad física de la población hondureña que están siendo reprimidos por las fuerzas policiales y militares en dicho territorio.
• A las instituciones del Estado hondureño garantes de los derechos humanos que realicen una investigación y determinen responsabilidades contra los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los manifestantes y la veintena de personas heridas.
• A que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno garanticen un recuento y verificación de todas las papeletas que se realice en presencia de observadores nacionales de varios sectores (eclesiásticos, trabajadores, patronales, académicos y sociedad civil) para regresar con transparencia este proceso a los votantes, como lo mandato la Misión de Observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA).
4 de diciembre de 2017.
