“Inicialmente tenemos que reconocer que Nicaragua está bajo una falta de institucionalidad, por lo tanto la labor y la función de las organizaciones estatales prácticamente queda en vacíos y hay nulos en los procedimientos” Heizel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt en Nicaragua.
La institucionalidad en Nicaragua se debe a que el gobierno no brinda la información pertinente de los proyectos mineros que entran a las comunidades, otorgando a las empresas mineras el poder para destruir los bienes naturales y violentar los derechos humanos, unos de los casos más preocupantes es el de La Mina La India empresa de origen británico Cóndor Gold que goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008.
Bajo los mecanismos de denuncia y de la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial se afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información.
Debido a esta situación la población junto con organismos de defensa ambiental han intervenido en procesos de defensa, lucha y de pronunciamiento ante estos actos ilegales de las mineras, pero que han sido opacados a través de la represión, la criminalización que ostentan las empresas vinculadas con el gobierno para su accionar ilegal.
“Centro Humboldt es una organización que ha venido orientando los procesos legales y defensa de los territorios, así como el acompañamiento legal a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo de los procesos de acceso a la información que la población no tiene por falta de la misma institucionalidad que existe en el país” agrego Torres.
El tema del asedio y la persecución son temas que son recurrentes para mujeres y hombres de la comunidad quienes reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero, por el que dicen sienten temor incluso en su propia comunidad.
Sara Margarita Zavala es Nicaragüense y vive en Santo Domingo en el departamento de Ochontales, municipio ubicado a 48 km de la cabecera departamental, lideresa de La Pastoral Social de la Iglesia Católica, ella cuenta como en su comunidad también son violentados los derechos humanos y el grave impacto ambiental que los proyectos mineros han hecho a su municipio.
“B2Gold Corporation es una compañía minera canadiense, extractiva de oro que tiene 8 años de estar explorando y explotando la tierra en Santo Domingo en el Departamento de Ochontales en Nicaragua, vivimos con una familia tensionada por falta de nuestros recursos, esta empresa minera no deja nada de beneficio, es todo lo contrario ha dejado desértico nuestro municipio explotando los recursos naturales principalmente el rio Artigua y generando la extinción humana” apunto Zavala.
Agregado a esto menciona la problemática de la crisis sociopolítica que ha enfrentado Nicaragua “Esto nos dificulta porque ustedes saben la crisis de Nicaragua y si nosotros nos enfrentamos a esta empresa podemos ir a parar a la cárcel, y la mayoría somos mujeres que nos hemos empoderado con una visión de hogar doméstica, nosotras venimos de familias pobres, el agua está contaminada, estamos padeciendo mucho de bacterias dentro del estómago, arboles ya no hay” agregó la lideresa.
Ante esta situación las comunidades afectadas e instancias regionales contra la minería como la Alianza Centroaméricana Frente a la Minería -ACAFREMIN- seguirán pronunciándose debido a las repercusiones ambientales y la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua, además del incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.
