La relación criminal entre agentes del Estado y empresarios en Honduras para terminar con la vida de la ambientalista lenca Berta Cáceres tiene hoy más evidencias públicas.
El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), formado por juristas internacionales, investigó durante un año parte de las interceptaciones telefónicas a las que tuvo acceso el Ministerio Público, entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias de la organización de Berta Cáceres y acciones legales instauradas por la ausencia de consultas comunitarias a la hidroeléctrica Agua Zarca.
El GAIPE, inspirado en el GEIE que investigó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; e inspirado en el modelo de la CICIG de buscar ayuda de fiscales extranjeros para hacer investigaciones internas; estuvo conformado a solicitud de familares y colegas de Berta Cáceres por 5 renombrados investigadores. Dan Saxon (estadounidense, que participó del Tribunal Penal para Yugoslavia, y con experiencia en América Latina); Roxanna Altholz (estadounidense, ha ganado casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y participó en la misión de la ONU en Kosovo); Miguel Ángel Urbina (abogado guatemalteco que ha trabajado para la FAFG y el Instituto de Ciencias Penales Comparadas), Jorge Molano (abogado colombiano de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que ha sido galardonado por el Departamento de Estado) y Liliana Uribe Tirado (colombiana, abogada de casos paradigmáticos en Antioquia, Colombia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos).
A esto se suma el informe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción, MACCIH, de la OEA, que publicó que el Ministro de Ambiente que había concedido la licencia ambiental a destiepo, era ahora el jefe del Ministerio Público encargado de la investigación. También denunció la ilegalidad de todo el proceso de la hidroeléctrica.
El GAIPE tuvo acceso a una fracción de la data telefónica que el Ministerio Público usó para procesar a 8 personas, y encontró que hay más responsables, los responsables intelectuales del asesinato, ocurrido el 2 de marzo de 2016. La data contiene registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.
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Estos son sus principales hallazgos:
1. El asesinato de Berta Isabel Cáceres fue el resultado de la planificación de “socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado” para impedir el derecho de la consulta comunitaria.
2. La estrategia incluyó “campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH (la organización ambientalista lenca que dirigía Berta Cáceres)”, así como el uso de fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos paralelos al Estado.
3. El Ministerio de Gobernación hondureño protegió a la hidroeléctrica pero no protegió a la ambientalista Berta Cáceres, a pesar de que sabía que estaba siendo perseguida y amenazada.
4. Las instituciones internacionales que lo financiaron fueron negligentes: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Supieron de la estrategia criminal de DESA, a través de denuncias y estudios de consultores internacionales, pero no hicieron nada para proteger los derechos de los indígenas lencas y la vida de Berta Cáceres.
5. A partir del análisis de las llamadas, el GAIPE encontró que hubo más personas involucradas en el asesinato, que no han sido individualizadas por el Ministerio Público hondureño. Los agentes estatales a cargo de la investigación, a pesar de contar con estas evidencias, dijeron originalmente que se trataba de un crimen pasional. El MP hondureño, además, ha impedido la participación de familiares y colegas como querellantes, al no permitirles acceso al expediente.
6. El GAIPE estableció la participación “de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado” en actos anteriores al asesinato, en el asesinato y en su posterior encubrimiento”.
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7. Del análisis de la información, consideran que “los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales”. Estos actores influyeron para que se enfocara la hipótesis inicial a que era un tema pasional o riña entre colegas.
El Ministerio Público y el Sistema de Justicia de Honduras, como el de México o el de El Salvador, parece que todavía no tiene la independencia suficiente para procesar casos de alto impacto, como el asesinato de Berta Cáceres, que involucran a una gran empresa y agentes estatales.
Noticia Publicada en Nomada
Ver enlace original en: Quién mató a la ambientalista Berta Cáceres, en 7 puntos
