Una nueva jugada en favor de los grupos económicos se dio la semana pasada en el Congreso Nacional, cuando los diputados y diputadas del oficialismo aprobaron sin discusión, reformas a la Ley de Minería, las mismas van encaminadas a otorgar beneficios fiscales a las empresas mineras nacionales y extranjeras.
Los artículos que reformaron son el 8; que se refiere al tipo de concesiones mineras que pueden ser de exploración, explotación o beneficio, de acuerdo con la sustancia. Es decir, se cambiaron algunos términos de definiciones respecto a los agregados pétreos que se utilizan en la industria de la construcción.
El artículo 56-A, que módica los cánones mineros que tendrán que pagar a partir de la fecha las empresas nacionales y extranjeras. Por ejemplo, una concesión minera no metálica otorgada a 30 años pagará del año 1 al año 10, dos dólares al año por hectárea. Del año 11 al año 20, pagará $3 por año y por hectárea, y del año 21 al año 30 serían $4 por año y por hectárea.
Y, por último, el articulo 76, sobre los incentivos a la explotación de agregados, esto a fin de promover la inversión minera no metálica, específicamente la industria de agregados pétreos, y como una medida estatal orientada a promover la exportación de los referidos recursos. Las personas naturales o jurídicas que conforme a la presente Ley desarrollen y operen canteras para la explotación industrial de agregados pétreos para su exportación gozarán del incentivo de exoneración de los impuestos establecidos en el Artículo 76-A y el Impuesto Especial Minero (IEM) establecido en el artículo 76-B de la presente Ley, con excepción del uno por ciento (1%) a favor de la autoridad minera con base al valor PIB (Producto Interno Bruto) anualmente.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Marco Antonio Velázquez, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, y las reformas fueron apoyadas por el oficialismo y diputados de otros institutos políticos.
Traducido al buen cristiano, dice la diputada de Libertad y Refundación, Patricia Murillo, estas reformas proporcionan más incentivos a los grupos que se dedican a la explotación de minería metálica y no metálica, dándole más exoneraciones de impuestos, y los menos beneficiados son los pobladores y pobladoras de las zonas donde se instalan los mismos.
Murillo dice que las comunidades con este tipo de iniciativas van a quedar más indefensas, pues las mismas son creadas para las empresas entren más fuerte con la explotación de los bienes naturales.
Para Ramiro Lara, representante de la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (ASONOG), la reforma a estos artículos a la Ley de Minería, es un acto repudiable de parte de los diputados y diputadas del Congreso Nacional, porque elevan el interés y el discurso de la explotación y exportación de materiales pétreos. Pero que, al final están tratando de favorecer a la industria minera metálica y no metálica en general.
“Vemos aquí la intención de seguir regalando y comprometiendo nuestros recursos naturales a estas transnacionales que tanto daño le han hecho al ambiente y a la sociedad. Los diputados y diputadas del oficialismo responden a los intereses de esas empresas y aprueban este tipo de iniciativas”, señala el ambientalista.
Agrega que, lo hacen en un contexto en el que la sociedad y el movimiento social relacionado con la defensa del territorio y el ambiente, está sacrificado, está golpeado, está inmovilizado. Recuerda que eso mismo pasó en 1998 cuando aprobaron la Ley General de Minería, que abrió las puertas a la industria minera en un contexto en el que había mucha crisis por el huracán Mitch. Hoy, realizan esas reformas aprovechando esta crisis por el Covid-19.
Por otra parte, Juan López, coordinador del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa dice que, esta aprobación es una acción que tiene que ver con encuadrar completamente la Ley al servicio de los intereses empresariales. Por qué hacer una distribución por décadas en el tema de entrega del canon, porque le rebaja las cantidades de dinero que podrían llegar a las municipalidades.
“Definitivamente esta ley no favorece y lo que procede es el proteger el bosque, proteger el agua, proteger el ambiente que con eso se gana más que, diera mucho más impuestos las empresas”, finalizó diciendo López.
Original: Radio Progreso HN
