Cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes que demandan el respeto a la consulta por la masiva instalación de de proyectos extractivistas y la inexistencia de títulos de tierras ancestrales.
Para el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos, “siempre es [de] la misma manera”, es decir “el Congreso Nacional da una licencia una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades, luego las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta, y luego la comunidades se organizan, hace resistencias, pero después la empresa privada presenta las denuncias ante el Ministerio Público”, criminalizando a los defensores.
En el informe “Territorios En Riesgo II”, presentado en abril de este año, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) expone el estado de las concesiones solicitadas y otorgadas hasta el 2018, el área total destinada para la extracción minera podría aumentar en un 400%, pasando de 75,125 hectáreas (ha) en explotación actual a 375,165 ha potencialmente.
El documento indica que las y los defensores del ambiente y de los derechos humanos son atacados y criminalizados por el Estado y por las fuerzas de seguridad privada, especialmente en zonas rurales, donde la pobreza es más grave y cuyas poblaciones dependen de las tierras agrícolas, de los bosques y de las fuentes de agua para su subsistencia, donde la agricultura es el principal motor de los ingresos y los empleos rurales, a pesar de sus bajos salarios.
¿La consulta previa?
El Estado de Honduras ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1995, sin embargo, en el año 2016 presentó una propuesta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que trabajo en conjunto con Naciones Unidas, propuesta que fue rechazada por algunos pueblos indígenas y afrohondureños.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta del anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), impulsado desde el gobierno.
“Territorios En Riesgo II” indica que la superposición con las tierras de los pueblos indígenas en particular puede indicar una violación de los derechos de los indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
También señala que “con frecuencia, los Estados de la región adoptan decisiones sin consultar, afectando a los referidos pueblos, lo que propicia conflictos sociales y agudiza la desconfianza hacia sus gobiernos”.
Sobre la consulta previa y en el marco del el Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Mirian Miranda, expuso “el gobierno a través de la Republica de Honduras dice que los pueblos indígenas no tenemos derecho a veto es a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes a tomar las decisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades pueden ejercer la autonomía y la resistencia”.
La consulta previa en el marco de la propuesta de Ley de Consulta Previa Libre e Informada introducida recientemente por el Poder Ejecutivo, -añadió- “es únicamente para legalizar una institucionalidad corrupta y además asesina porque son los responsables de todo lo que están haciendo en nuestras comunidades por eso hemos dicho el Estado es el responsable del asesinato de Berta Cáceres y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo.
Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH.
“En el caso de Honduras las empresas llegan directamente a las comunidades son las que llevan en algunos lados comida y vienen y traen a la gente para que peleen, se están peleando los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo y están usando los medios de comunicación para eso, cosas que debe garantizar el Estado lo pone en manos de empresas corruptas igual a ellos, y por eso es que nosotros tenemos que arreciar la lucha tenemos que fortalecernos porque vienen cosas difíciles para este país”, puntualizó.
Lencas y Tolupanes, los más afectados por concesiones mineras
En Honduras hay 101 concesiones mineras con intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como «artesanal», «banco de préstamo» o «pequeña minería», indica el documento.
Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.
Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575% de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.
En cantidad de concesiones, el pueblo indígena lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas y otras 23 en zonas multiétnicas, aledañas a tierras lencas.
Por su parte, María Felicita López, coordinadora de Género del Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras MILPAH, “uno de los principios de defender el territorio es porque nuestro derecho otra porque el territorio sin la tierra y sin el agua no tendríamos vida, son territorios ancestrales y por ello nos corresponde”.
María agregó “MILPAH busca es declarar a los municipios libres de proyectos extractivistas y que también la gente tome conciencia de los efectos que traen los proyectos porque estos entran con mentiras con regalías, que van a haber centros de salud mejorados, mejor acceso a carreteras, empleos para los pobladores, sabemos que es una mentira porque después de eso hay contaminación y enfermedades para las mujeres los niños y los jóvenes. Eso ya lo tenemos comprobado hemos pasado experiencias con otros lugares, otros departamentos de Honduras y fuera de Honduras, donde ya están los efectos de las mineras y de las hidroeléctricas y las eólicas. Como MILPAH estamos contra esos proyectos, no estamos en contra del desarrollo del municipio, sino contra las injusticias que se dan bajo el engaño y el saqueo de los territorios”.
El pueblo tolupán también se ve también afectado, ya que cuenta con menores extensiones de tierra, pero tiene 24 concesiones, de las cuales 16 son de mayor escala.
Por otra parte, en el inciso 8.2. denominado Generación de energía eléctrica, indica que hay 36 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de tierras indígenas y afrodescendientes, de las cuales 32 son proyectos hidroeléctricos, 2 son proyectos eólicos, 1 de biomasa y 1 fotovoltaica.
En resumen, la mayoría de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en territorio lenca o multiétnicos aledaños al territorio lenca. El único proyecto de biomasa es la planta AZUNOSA, ubicada en tierras del pueblo tolupán. Y el único proyecto fotovoltaico, la planta Nacaome de la empresa SOPOSA, se encuentra en el extremo sureste de las tierras del pueblo lenca.
Mapa de tierras indígenas y proyectos de generación de energía eléctrica
Fotografía: Informe "Territorios en riesgo II"
También refleja que de los proyectos hidroeléctricos en construcción, aprobados, en proceso y en estudio, llegan a operar, se vería un aumento en un 300% el número de proyectos en tierras indígenas.
Otro de los conflictos que se avecinan en tierras indígenas son las concesiones en el tema de Hidrocarburos en el territorio miskito, sobre los Cayos Miskitos y territorio garífuna mar adentro de la Laguna de Bacalar (Walumugu, en lengua garífuna).
Sin embargo, en el marco de la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), responsable del seguimiento al Convenio 169, el Estado hondureño señaló que se “socializó” el proyecto de exploración de parte de la compañía internacional Shell, que adquirió a British Gas (BG) como un proceso modelo de consulta libre, previa, e informada.
El documento señala también que “en la zona marítima de La Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a noviembre de 2013, donde se realizaron diez (10) asambleas de consulta con los consejos territoriales de La Mosquitia”. Asimismo lo declara en el informe la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 2018.
Comunidades costeras del pueblo miskito en Gracias a Dios, frente a la concesión para los hidrocarburos.
Foto tomada de informe "Territorios en riesgo II"
En respuesta a su solicitud de información con registro SOL-SEDIS-62-2019 del 15 de junio del presente año y recibida a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), Conexihon recibió a través de Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) la información que hace constar que solamente tres proyectos han formado parte de los acompañamientos de esta institución en el marco de los procesos de consulta previa, ninguno de ellos corresponde a la aprobación de la concesión por hidrocarburos.
Reunión del Comité de Administración del Contrato de Exploración Petrolera entre el Estado de Honduras
y la Empresa BG Group Shell/ Memoria Institucional de Mi Ambiente 2014-2017.
En cambio, la OFRANEH, representando comunidades garífunas aledañas a la concesión, denunció que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), hoy Mi Ambiente, “envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta.
Previamente, el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo público el contrato con BG”, el cual fue aprobado en el congreso el 18 de junio como Decreto 90-2013 y entró en vigor a partir de su publicación en el Diario la Gaceta el 25 de junio de 2013. La OFRANEH además ha manifestado graves preocupaciones por los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.
Relacionado con el conflicto político y de los territorios indígenas y afrodescendientes, por la poca participación y transparencia. Las organizaciones indígenas prevén que, a partir de la explotación, podrían surgir otros conflictos relacionados con los nuevos migrantes a la zona costera, por contaminación provocada por las actividades y por la construcción de la infraestructura para el transporte de los derivados de petróleo.
Dado que en 2019 se cumplen seis años de la concesión para exploración (el período máximo que permite la Ley de Hidrocarburos), se espera una divulgación de los resultados de estas actividades. Dependiendo de estos, las empresas AziPetrol/Caribx podrán especificar un espacio para explotación (máximo de 50% de lo que se otorgó para la exploración), lo cual generará debate y oposición.
Criminalización y violencia por la defensa de los territorios
El 1 de marzo de 2019, más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en “estado de alerta” ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”.
Pobladores de 40 comunidades de Honduras en alerta ante crímenes y encarcelamiento de defensores de la tierra.
El 30 de julio, la Organización Internacional Global Witness presentó su informe ¿Enemigos del Estado? En el que destaca “por qué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas, arrestadas e intimidadas de forma rutinaria”.
“Es una ironía brutalmente salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales. Es por eso que este año, Global Witness ha documentado por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan. Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de los países, junto con las instituciones y las organizaciones que existen para protegerlas”, indicaron.
Honduras, con un total de cuatro defensores del territorio asesinados en 2018, ocupa el noveno lugar con cuatro homicidios contra defensores, en primer lugar está Filipinas con treinta homicidios y el número total de asesinatos en el año 2018 fue de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Global Witness detalla que existen cinco etapas para criminalizar a los defensores, la primera de ellas: Campañas de desprestigio, seguido de cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y criminalización masiva, además sugiere según los datos recopilados que estos mismos patrones son ampliamente aplicables a todas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
La organización internacional “ha documentado sistemáticamente cómo los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Del mismo modo, están siendo criminalizados por los gobiernos y las empresas con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus intereses”.
Para, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que, si bien el proceso puede variar, la criminalización de las personas indígenas tiende a incluir, al menos, uno de los cinco elementos enlistados”.
En el mismo informe la organización Global Witness evidenció que en el año 2017 fue atacado como parte de una campaña de desprestigio durante un trabajo que realizó con defensores en Honduras.
Asesinatos, la máxima muestra de violencia
Según los registros, en Honduras han sido asesinados más de 120 ambientalistas, entre ellos se encuentran los datos de los siguientes que representan a los pueblos indígenas y afrohondureños de Honduras:
El asesinato en el año 2015 de Berta Cáceres líder de COPINH, luchaba con el pueblo lenca por el contrario proyectos que afectaban el pueblo indígena al que representaba en toda Honduras especialmente en el departamento de Intibucá. Hasta la fecha se encuentran detenidos los actores materiales sin embargo su familia y compañeros de lucha exigen la detención y juicio contra los autores intelectuales.
En 2016, el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunció la escalada de terror, despojo de territorialidades y persecución tras el asesinato de 20 defensores del territorio, dirigentes del municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz.
En los últimos seis años el Congreso Nacional concesionó a la actual presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, conocida como la “la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa, para la construcción de hidroeléctricas y 10 concesiones mineras en ese departamento.
En 2015, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció también Javier Vásquez Benítez, integrante del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz - Honduras (MILPAH) en un contexto de conflictividad social por la oposición de MILPAH y de otras organizaciones a la concesión de proyectos hidroeléctricos en su territorio por parte de las autoridades hondureñas. Vásquez era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga, en el municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, y sobrino del Felipe Benítez, actual presidente de MILPAH.
María Felicita López, coordinadora de Género del Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras MILPAH.
A esto se suma otro asesinato cometido contra Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz, todos asesinados el mismo año en diferentes fechas.
La indefensión ha golpeado duramente a defensores, periodistas y operadores de justicia "amparados" en el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras. A inicios de 2019, el asesinato de dos indígenas tolupanes por defender el bosque en la Comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro beneficiados de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pudieron ser implementadas por el Estado, pese a haber sido otorgadas hacía seis años atrás.
Los indígenas Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad
fueron encontrados muertos, con varios impactos bala en la Tribu de San Francisco de Locomapa.
En el 2015, también se reportó el asesinato de cuatro indígenas Tolupanes de la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Tres años antes, el 25 de agosto de 2013, tres integrantes de con arma de fuego, las víctimas fueron: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales, el asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad, testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región.
Por su parte, Ramón Matute, indígena tolupán de la tribu San Francisco Locomapa, expresó a Conexihon “Nosotros hemos venido denunciando las amenazas, el saqueo, las muertes que existen en la Tribu de San Francisco nosotros a partir del 2008 hemos visibilizado más las denuncia es donde todo mundo conoce de nuestra lucha de nuestro título ancestral, hemos tenido tanta discriminación por parte del Estado en este momento nos tiene peleando entre tribus porque el Estado eliminó nuestro título ancestral esta es la causa de que el Estado nos está matando a través de los empresarios por nuestra madera nos están asesinando, asesinaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano no existen ni ordenes de captura para los hechores materiales mucho menos para los intelectuales”.
En junio del presente año Matute junto a otros compañeros Tolupanes fueron acusados por el Estado de obstaculizar un plan de manejo y daños al Estado de Honduras, Matute, finalizó “Como es posible que el Estado este haciendo lo que está haciendo con la tribu Tolupán donde la constitución nos ampara en el artículo 336 que el Estado debe de protegernos y que es lo que está haciendo criminalizándonos solo por defender el título ancestral”.
La apuesta por titulación de tierras ancestrales
En el oriental departamento de Gracias a Dios, donde se ubica la exuberante zona conocida como La Mosquitia hondureña, es habitada por tres de los nueve pueblos indígenas, iniciaron una apuesta por la titulación de tierras ancestrales, como parte de un nuevo proceso de control territorial, frente a los procesos extractivistas, entre los que cuentan la llegada de “terceros”, es decir personas extrañas a las comunidades indígenas.
De acuerdo con Elsser Brown, representante del pueblo misquito y técnico de la organización Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), una organización tiene 34 años de existencia en la Mosquitia, “el proceso de conflicto que se tiene en la titulación de las tierras ancestrales casi no ha cambiado nada y eso es una debilidad un desafío una tarea pendiente”.
“Lamentablemente, pese a que la titulación colectiva en los Consejos Territoriales fue un proceso de participación activo, muy poca gente lo conoce. Me atrevo a decir que un 15 o 20 por ciento de la población ha escuchado el contenido del título. Si lo lee dice qué le transfiere el patrimonio a las comunidades descritas en armonía con la legislación nacional, pero que pero no te las doy completamente, es decir hay como cuatro candados jurídicos que no permite transacciones sobre la tierra, es decir como particular no soy dueño de ese terreno, le pertenece al Consejo Territorial y entonces no puedo vender mi terreno no puedo embargar, ni hipotecar, no puedo hacer nada sobre ese terreno, no puede ser garantía de un préstamo. Aunque el propósito es asegurar que la generación futura tenga tierra y que no vaya a caer a mano de gente ladina o alguna empresa, en la práctica no hay saneamiento de las tierras en manos de terceros”.
Para Jorge Hilton, líder del pueblo indígena Pech, en la casi olvidada zona de Las Marías, de este departamento, pese a las titulaciones colectivas “bastantes personas han entrado sin consultar a la comunidad, de repente llegó una familia e hicieron una cadena, porque llegó una persona y después trajo el hermano y a otros cinco sin consultar”.
“Ellos entraron buscando tierras y nosotros como personas nativas nosotros conservamos la reserva y el área verde. Desde que empezaron a entrar subió la venta de terrenos, ellos mismos de la riqueza de los pech se hacen ricos”, lamentó.
Otro de los pueblos indígenas ubicados en La Mosquitia hondureña son los Tawahkas, en representación de este habló con Conexihon, Morelys Salinas Agüero, procedente del municipio de Krausirpi, representante del consejo indígena Federación Indígena Tawaska de Honduras (FITH), dijo “vivimos en cuatro comunidades pertenecientes del pueblo, la ubicación estamos y geográficamente en el departamento de Olancho y de Gracias a Dios”.
Salinas agregó “es un pueblo étnico y tenemos la parte de legalidad jurídico y nosotros participamos como cualquier consejo territorial y la diferencia es que todavía no estamos con la personería jurídica y que legalicen el territorio”.
Salinas, manifestó sobre el arribo de personas no allegadas a su pueblo indígena “había una cultura qué puede ser cualquier persona tenía que consultarlo con los ancianos, al alcalde auxiliar y a los patronatos ya que nuestras comunidades hace muchos años no hay puestos policiales”.
“A ellos se les dice de dónde son y qué andan haciendo y de qué organización vienen. Bueno anteriormente sí consultaba la gente, pero ahora no quieren respetar a las comunidades y cuando menos lo pensaste está ubicado alguna familia y viene gente extraña pero no hay consulta pero anteriormente”, agregó.
Relatoría en alerta por amenazas a pueblos indígenas
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, visitó Honduras del 29 de abril al 12 de mayo de 2018. La visita tenía como principal objetivo evaluar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país.
En el informe realizado por dicha visita dice textualmente en el numeral 45 sobre los defensores de los Pueblos Indígenas “las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y sus recursos naturales, a la lucha contra el racismo y la discriminación, así como a la reivindicación de sus derechos económicos, sociales y culturales y de acceso a la justicia. Los defensores y defensoras indígenas de los pueblos lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka y miskito se enfrentan a menudo a la muerte, criminalización, estigmatización, acoso judicial y discriminación por su lucha por los derechos de sus pueblos”.
Original: ConexiHon
