Honduras

«Es una justicia parcial porque solo se está condenando a los actores materiales del asesinato de Berta Cáceres. El Estado está protegiendo a los autores intelectuales», cuenta a Alfa y Omega Pedro Landa, miembro de la red Iglesias y Minería. Según Landa, Desarrollo Energético Sociedad Anónima (la empresa a la que Cáceres denunció una semana antes de ser asesinada) tiene una estrecha relación con el poder, por lo que «habría que ver la participación de ciertos diputados de la zona que siempre estuvieron en contra de Berta».

No es el único que piensa así. Según ha asegurado a la prensa Berta Zúñiga, la hija de Cáceres, «hubo una orden de la empresa hacia esas personas que, simplemente, fueron peones o personas contratadas». Zúñiga insiste en dar la batalla judicial para hacer pagar el asesinato de su madre a «los máximos responsables». «Hasta que todas esas personas no sean enjuiciadas no va a acabar esta batalla por la justicia», añade. Además, ha instado al Estado hondureño a «no cerrar el caso solo por dar algún tipo de resultado, después de casi cuatro años de estar exigiendo responsabilidades por este hecho tan trágico».

Un retraso que Pedro Landa achaca al propio Estado. «Según un grupo de investigación de expertos, se confirmó hace dos años que hay funcionarios vinculados al Gobierno y a la banca que están involucrados en este hecho», revela el miembro de Iglesias y Minería. Pone como ejemplo los intentos fallidos de varios políticos por inculparla en acciones violentas: «Ponían armas en su vehículo para luego acusarla». También recuerda las constantes amenazas de diputados que acusaban a Berta Cáceres de impedir el desarrollo en la región. «Decían que no era una líder ambientalista, sino una opositora al Estado, y que había que pararla porque solo generaba caos», subraya Landa.

Suspendido por la presión internacional

La visibilidad internacional que tuvo el asesinato de Berta Cáceres ha provocado que algunos inversores europeos se retiren de la construcción de la presa a la que se oponía. «Tanto un banco finlandés como otro holandés han retirado los fondos del proyecto, pero la Asociación de Productores de Energía Renovable y la empresa privada están exigiendo que se continúe con la construcción del proyecto», señala Landa.

Según denuncia el representante de Iglesias y Minería, «no hay una determinación por parte de las autoridades por clausurar el proyecto». Algo que le sorprende, pues tanto la Secretaría de Recursos Naturales como varios funcionarios de los organismos de seguridad han señalado que con la construcción de la presa se había violentado el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas.

No obstante, aunque el proyecto esté en fase de suspensión y no cancelado, Landa considera que la repercusión internacional de este asesinato ha conseguido algo más; la solidaridad de otros creyentes. «Católicos y grupos ecuménicos de Estados Unidos han venido, hecho campañas, visitado a la familia de Berta Cáceres y lanzado comunicados pidiendo una justicia integral», cuenta.

También ha contribuido a la causa, a juicio de Landa, la visibilidad que el Sínodo para la Amazonia ha dado a los defensores del medio ambiente. «Creemos que es un proceso histórico que está promoviendo cambios muy profundos en la Iglesia, defiende el derecho de los pueblos a proteger sus territorios y condena todos estos proyectos extractivistas. Además, llama a la Iglesia a no ser pasiva sino a convertirse en aliada de quienes defienden la casa común», culmina.

Original: Alfayomega