Bajo el incesante sol y los riesgos de inseguridad que agobian a la capital hondureña, se encuentra un grupo de pobladores de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que ha montado un campamento en las afueras del Ministerio Público, exigiendo la liberación inmediata de siete ambientalistas y la cancelación del concesionamiento minero otorgado a la empresa Los Pinares.
La audiencia inicial contra los siete ambientalistas se llevará a cabo el jueves 29 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Rosa Marina Cruz, es una de las tantas mujeres, hombres y niños que se ha apostado desde el lunes en las afueras de la Fiscalía. Ella es la madre de Ewer Alexander Cedillo, uno de los ambientalistas que el lunes fue remitido a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, de la comunidad de Támara, Francisco Morazán, acusado por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita.
La mujer, quien dijo sentirse impotente por no poder hacer nada para liberar a su joven hijo de 26 años, dijo que estará en el lugar hasta que se les escuche sus planteamientos.
Rosa Marina Cruz comentó que a raíz de que la empresa Los Pinares, recibió la concesión del proyecto minero ASP y ASP 1, Guapinol ya no es la misma comunidad, unida que era antes, ahora hay mucha división por el simple hecho de defender el agua y la vida, manifestó.
La pobladora de Guapinol denunció que tanto su hijo como los demás imputados han sido víctimas de mensajes intimidatorios, supuestamente, por los propietarios del proyecto minero, que además han contratado a varios hombres para sembrar el terror.
Rosa Marina Cruz aseguró que su hijo jamás ha tenido bajo su poder ningún arma de fuego, por lo que la acusación en su contra es injusta y atribuyó la acción del Estado hondureño como un castigo para quienes defienden el medio ambiente.
El proyecto minero es rechazado porque se ejecuta en la zona núcleo del Parque Nacional Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, afectando directamente al río Guapinol y alrededor de 34 fuentes de agua que suplen a todo el municipio de Tocoa y a otras comunidades del departamento de Colón.
Sobre la concesión del proyecto hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé
El proyecto ha generado un conflicto en la zona que hasta el momento reporta al menos seis personas muertas y la criminalización de 32 ciudadanos, acusados de varios delitos.
“Estamos esperando que inicie la audiencia inicial para la libertad de los compañeros que han sido puestos en prisión preventiva el día de ayer y los han trasladado a la cárcel de Támara”, dijo Esly Banegas, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales
Banegas manifestó que los ambientalistas de Guapinol seguirán luchando hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto minero y la vez remarcó que la oposición es porque existe una estela de ilegalidad a su alrededor, que ya se ha demostrado por la defensa legal representada por la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.
En marzo pasado, el juez Víctor Méndez resolvió dictar sobreseimiento definitivo por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Los Pineras, a otros 13 defensores del medio ambiente que permanecieron por dos semanas con la medida de detención judicial en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”.
Esly Banegas, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa, apuntó que las falsas acusaciones del Ministerio Público ya han quedado demostradas. Asimismo, que esta institución ha actuado de manera irresponsable, porque sus acciones carecen de investigaciones.
Dentro de los acusados de la Fiscalía figura Antonio Martínez Ramos, quien falleció el 5 de abril de año 2015 producto de un atropellamiento de una motocicleta. La acusación del fallecido es, según los ambientalistas, razón suficiente para determinar que el Ministerio Público no investiga.
Alcalde
“El señor alcalde no responde a los intereses, ni a la voluntad del pueblo, lamentablemente”, dijo la integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa.
Esly Banegas, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa.
Ante la presión popular, el alcalde municipal de Tocoa, Adán Funez, se comprometió, en octubre del año pasado, ante la asamblea del Partido Libre a realizar un cabildo abierto para declarar al municipio libre de minería.
Asimismo, firmó una nota en la que se comprometió en solicitar la cancelación de la concesión minera, “pero lo que hizo, más bien, fue empecinarse para no realizar el cabildo abierto”, señaló Banegas.
A juicio de la defensora del medio ambiente, todo lo que está haciendo el edil, favorece a una empresa que ilegalmente se ha apoderado de la concesión. “Yo creo que había aspiraciones de mucha gente que esperaba que él (alcalde) iba a hacer una administración diferente porque pertenece a un partido nuevo y porque se supone que debe responder a una lucha del pueblo, porque el Partido Libre es producto de toda una lucha del Frente Nacional de Resistencia”, estableció Banegas.
En las últimas horas el expresidente de Honduras y coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, anunció que esa institución partidaria se declaraba en alerta ante la criminalización de los ambientalistas de Tocoa.
Nota original: CRITERIO.HN
