La diputada al Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, presentó una moción para que se nombre una comisión multipartidaria y para que se investigue el proceso mediante el cual el Estado concesionó el conflictivo proyecto minero de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón.
Murillo establece mediante la moción presentada la noche del lunes que la Comisión Especial Multipartidaria sea asesorada por entes independientes como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUD) el Instituto Hondureño de Derecho Ambiental (IHDAMO) y otras instituciones que trabajan por la conservación del medio ambiente.
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La congresista establece como objetivo, que se investigue si se cumplieron o no los procedimientos para el otorgamiento de la concesión al proyecto minero ASP y ASP1 en el Parque Nacional de Botaderos, aunque en la misma moción anticipa que para dicho proceso se ha transgredido varios leyes nacionales y convenios internacionales.
Según Murillo, la comisión deberá hacer recomendaciones para la deducción de responsabilidad a los funcionarios en las diversas instituciones que “llevaron a esta grave coyuntura, que pone en entredicho la imagen de un país respetuoso de la Constitución así como las leyes ambientales, de salud y los derechos humanos”.
La investigación plateada deberá incluir el proceso legislativo, para determinar si es necesario que el Congreso Nacional, mediante otro proyecto de ley, derogue el decreto 252-2013 que reformó el artículo 5 del decreto 127-2012 de creación de Parque Nacional Botaderos.
Murillo, quien es diputada por el departamento de Cortés, insta para que dentro de la comisión multipartidaria se integre a su compañero de bancada por el departamento de Colón, Ramón Soto. Asimismo, que los resultados y las soluciones concretas a la problemática, sean presentas en un plazo no mayor a un mes.
En su exposición de motivos, la legisladora establece que el conflicto suscitado en Guapinol se torna cada vez más grave, dejando hasta a la fecha seis dirigentes comunitarios asesinados y una cantidad de luchadores sociales por la vida y el agua, criminalizados, amenazados y estigmatizados.
Este lunes un juez con jurisdicción nacional sobreseyó a 12 dirigentes ambientales de Guapinol que luchan contra la contaminación del río del mismo nombre y en rechazo a la violación de leyes y manipulación de hechos, que se ha dado alrededor del tema.
La concesión para la explotación de la mina fue otorgada inicialmente en el año 2013 a EMCO MINING COMPANY, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
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Para la entrega de la concesión se cometió un fraude legislativo, ya que el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, las que casualmente fueron concesionadas al proyecto minero.
Nota Original: Criterio.hn
