Con el Golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales,
se aceleró el proceso de concesión del territorio a empresas nacionales y extranjeras para su explotación.
La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, estima que el 35 por ciento del territorio está concesionado, y que los ríos, bosques y montañas pasaron hacer propiedad de los empresarios que sostienen al gobierno de Juan Orlando Hernández.
En el departamento de Colón, al norte de Honduras, las comunidades se han organizado para frenar las 59 concesiones mineras que el gobierno ha otorgado a empresas privadas, sin consultar a la ciudadanía. 34 del total de las concesiones se ubican en Tocoa, un municipio amenazado con desaparecer porque su montaña está destinada para la minería, y su parte baja está plagada por el monocultivo de la palma africana.
“O nos quedamos contemplando cómo destruyen los ríos y el bosque, o nos levantamos en defensa de la vida”, Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, dijo esto en Radio Progreso en el marco del cuarto Congreso Minero que se desarrolla en la capital del país.
Congreso Minero
Honduras, por cuarto año consecutivo, fue sede del Congreso Internacional de Minería, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Universidad Politécnica de Ingenierías. Representantes de 28 nacionalidades llegaron para conocer las riquezas minerales que posee el país, de cara a la instalación de empresas mineras.
El Congreso se desarrolló del 17, 18 y 19 de julio, en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, y tuvo como como tema principal la consulta previa y la participación ciudadana. En representación del Estado participaron: el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MiAmbiente.
Este año el Congreso tiene como tema central la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada. Panorama que causa temor en la ciudadanía que se resiste a los proyectos mineros, porque presienten que el gobierno busca legalizar una consulta previa y participación ciudadana a la medida de las empresas y en contra de las comunidades
En Tocoa, el Comité Municipal de Defensa está integrado pobladoras y pobladores de varias comunidades, especialmente del sector San Pedro, Abisinia y Guapinol. Este Comité se mantuvo más de diez días en una asamblea permanente frente a la alcaldía municipal, exigiendo a las autoridades la realización de un cabildo abierto para declarar al municipio libre de empresas mineras e hidroeléctricas.
El alcalde municipal Adán Fúnez, lejos de atender la exigencia ciudadana, el día 14 de mayo de 2018, interpuso una denuncia en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos contra la población que defiende el río. Además, dirigentes de su partido político, Libertad y Refundación (Libre), han señalado a los ciudadanos que se oponen a la minera como miembros del Partido Nacional.
“Estamos en un momento histórico”, agrega Juan López, convencido que la apuesta extractivista del gobierno sólo genera muerte y miseria, pero que las comunidades tienen una oportunidad grande de articularse para defender sus ríos y montañas.
También, en el occidente del país, en los últimos días pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán, quienes se oponen a la exhumación de sus familiares, han sido víctimas de varios intentos de desalojo por parte de empleados de la empresa Minerales de Occidente, S.A, Minosa, filial de la canadiense Aura Minerales.
Minosa explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra, según organizaciones ambientalistas. La empresa comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores. Mediante explosiones extrae la piedra o broza con los minerales. Luego riega por aspersión el agua con cianuro para separar el oro de la piedra, a través de un proceso llamado lixiviación, una práctica que causa graves daños a la salud de las personas y el ambiente, según la Asociación Nacional de Organismos no Gubernamentales (Asonog).
La empresa ha desaparecido tres comunidades y ahora amenaza con desaparecer los muertos del cementerio de Azacualpa. “Hemos vivido momentos de mucha tensión”, afirma Bersy Rivera, del Comité Ambientalista, asegurando que la empresa ha subido maquinaria pesada para reanudar los trabajos de exhumación.
En los tres primero Congresos de minería el gobierno de Juan Orlando, expuso la concesión de Minosa en la Unión, Copán, como un modelo ideal de minería a seguir, a pesar que en el municipio existen 37 casos documentados clínicamente donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. Además trece fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están siendo contaminadas con los químicos que usa la minera para extraer el oro, según Asonog.
Ante esta situación, la realización del cuarto Congreso Minero significa un duro golpe para las comunidades que a diario se juegan la vida defendiendo sus bienes naturales, y que en departamentos como Choluteca, Atlántida y Colón se han instalado en campamentos de resistencia pacífica a pesar que los empresarios cuentan con el poder económico, político para instalar sus proyectos.
20/07/2018
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