Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa acordaron este lunes reformar el artículo 2 de la Constitución de la República para que se reconozca el agua como un derecho humano y el artículo 69 de la misma para reconocer el agua como un bien público.
La reforma podría ser discutida en la sesión plenaria de este jueves y se necesitan 43 votos para aprobarla, sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, la legislatura 2021-2024 deberá ratificarla con 56 votos como mínimo.
La propuesta de reforma al segundo artículo de la Carta Magna establece: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.
En tanto, en el artículo 69 se agregará el texto: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.
El diputado del Partido de Concertación Nacional, Antonio Almendáriz opinó que la aprobación de las reformas que reconocen el agua como un derecho y como un bien público ayudarán desentrampar la discusión sobre una Ley General de Aguas que lleva más de una década discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Martha Evelyn Batres reiteró que las reformas constitucionales contribuirán a la formulación de la ley de aguas y señaló que los avances sobre dicha legislación ya contemplan el vital líquido como un bien público y como un derecho humano.
Los parlamentarios acordaron dejar fuera la disposición que establece que la gestión del agua sería sin fines de lucro, puesto que eso debería entenderse como parte del reconocimiento del agua como un bien público.
La diputada del FMLN, Dina Argueta destacó que es importante aprobar y ratificar las reformas a la Constitución encaminadas a garantizar el agua como un derecho, y con ello cerrar las puertas a una posible privatización.
“Hay diferentes propuestas en la Comisión de Medio Ambiente que tienen que ver con la conformación de la junta directiva, desde aquellas que establecen al ente rector como un ente eminentemente público, otras que sugieren una junta directiva mixta de privados y públicos, hay otra que añade un elemento de participación ciudadana”, comentó Argueta, con respecto a la conformación de ente rector o autoridad nacional del agua cuya conformación se discute como parte del debate de Ley de Aguas.
Original: Diario Co Latino
