El tema de la minería junto al agua en Centroamérica, es un objetivo más para unirnos en esta alianza de organizaciones sociales, en defensa de los bienes naturales”, dijo Luis González, del colectivo Madre Selva, en el Encuentro Regional Alianza Centroamericana Frente a la Minería.
Las organizaciones ACAFREMIN, Centro Humboldt, CRIPDES, ERIC y el Colectivo Ecologista Madre Selva, se reunieron el pasado 27 y 28 de abril para intercambiar experiencias y unir sinergias que consoliden el cumplimiento al “Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada”, que consigna la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los testimonios de los participantes son similares y reiterativos, en Centroamérica son diversos y graves, que se relacionan directamente con la falta de voluntad de los Estados en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios.
“Los gobiernos han ratificado la Convención 169 de la OIT, que garantiza la consulta previa, que debe ser reconocida e implementada en las leyes internas de cada país, a fin de aplicarlas y las ignoran. Y es alarmante, porque más del 60% de la explotación minera de América Latina no respeta estos derechos”, explicó González.
Delmy Esperanza Pivaral, explica cómo varias familias perdieron su tierra por las minas subterráneas y ahora están en “zona roja”, por la mina San Rafael Las Flores, en Guatemala, y como compensación recibieron casas con deficiencias en dimensiones, infraestructura y sin drenajes.
Foto Diario Co Latino.
La minería metálica ha sido identificada luego de estudios técnicos e investigaciones como una industria invasiva y altamente contaminante. Y que en muchas ocasiones se hace sin tomar las medidas ni estándares de prevención internacionales.
Esta actividad contamina el agua, la tierra y el aire. Uno de los procesos más críticos el “cierre de minas”, que en Estados Unidos exige estrictas obligaciones como plantas de tratamiento al drenaje ácido y la exigencia de fianzas de garantía.
Armando Campos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en México y del Movimiento Mesoamericano (M-4) celebró los esfuerzos que se están sumando desde los países de Centroamérica, en la resistencia contra el modelo extractivista.
En su país la mayoría de mineras son canadienses, y tienen en su haber 25 mil concesiones, que ponen en riesgo la vida y el medioambiente de miles de pobladores.
“Está comprobado que la minería de cielo abierto devasta los recursos naturales, arrebatan las tierras a los pueblos indígenas y sobrepasa las leyes nacionales. Una gran verdad es que las mineras no generan desarrollo económico, lo digo porque son proyectos que no duran más de 25 años, pero dejan atrás un rastro de contaminación irreversible, la violación a la identidad de los pueblos indígenas, dentro de un marco jurídico con menores oportunidades de defendernos de este tipo de proyectos, y solo fortalecen a empresas extranjeras”, manifestó.
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador fue reconocida en el encuentro centroamericano como avance considerable en la región, afirmó Pedro Landa de ERIC, Honduras, al señalar que la unidad de diversos sectores permitió la defensa del derecho y la independencia de las naciones.
“A nivel regional el mejor caso de defensa del medioambiente es El Salvador, hemos visto el triunfo de la sociedad civil salvadoreña ante el caso de Pacific Rim (Oceana Gold), hay que hacerle evaluaciones a este logro, que es una respuesta importante y clara, de la confluencia de fuerzas de distintos actores sociales en esa lucha”, reflexionó.
La criminalización del “movimiento social” es también punto de preocupación para las organizaciones en la región.
Heizel Torrez del Centro Humboldt, Nicaragua, afirmó que un 45% de su país está concesionado a las mineras transnacionales, las que utilizan el sistema judicial para acallar la voz de los pobladores que protestan ante la invasión de sus comunidades.
“El problema en Nicaragua y otros países es que no dan garantías a las comunidades de plantear sus propias necesidades o sus dudas. A esto se suma que los gobiernos no tienen interés de hacer cumplir la ley, que se traduce en criminalizar los defensores ambientales y movimientos sociales por hacer prevalecer el derecho a difundir información y la libertad de expresión”, argumentó.
Para Bernardo Bellos de CRIPDES El Salvador, los insumos del encuentro son importantes para difundir nuevas estrategias de lucha social y preparar el conocimiento de la población de los marcos jurídicos que le garantizan sus derechos desde instrumentos internacionales como la Convención de la OIT.
“Tenemos que defender primero lo conquistado, luego luchar en la calle, como históricamente lo hemos hecho, para superar y defender nuestro patrimonio natural, social y cultural. Ahora contamos con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pero enfrentamos el reto de una Asamblea Legislativa tirada a la derecha, que podría revertirla, privatizar el agua o aumentar impuestos, entonces, solo nos queda la resistencia y la lucha social por una vida digna para todos y todas”, puntualizó.
Noticia publicada en Diario Co Latino
Ver enlace original Organizaciones Sociales unen esfuerzos contra proyectos extractivos en la región
