En El Salvador la fiscalía general de la República, junto con la Policía Nacional Civil, iniciaron este día una persecución y amedrantamiento político en contra de varias organizaciones sociales que por años han mantenido una trayectoria de trabajo solidario y humanitario con comunidades y sectores más vulnerables en el país.
La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES; el Movimiento de Mujeres, Las Mélidas; La Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social FUNDASPAD; La Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas, “una Mano Amiga”; la Asociación de Ayuda Humanitaria, PROVIDA; La Asociación de Mujeres Tecleñas; y Fundación Ambientalista de Santa Ana, FUNDASAN, todas aparecen en un listado con orden de allanamiento.
Las primeras sedes en ser allanadas con un fuerte despliegue policial, en donde se les decomisó documentos y se hizo revisión de computadoras fueron Las Mélidas, PROVIDA, PROCOMES.
La presidenta de Las Mélidas, Azucena Ortíz, dijo estar sorprendida por la acción injustificada de las autoridades y considerarlo un ataque directo a la organización, que durante 29 años se han dedicado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y a alfabetización, entre otras.
Responsabilizó a las autoridades por algún extravío de documentos valiosos que le pertenece a la organización y que justifican la utilización de fondos, ya que estos serán retirados tras el allanamiento.
La denuncia de las organizaciones sociales, a través de las redes sociales, sobre los allanamientos y la publicación de varios medios de comunicación, obligó a la fiscalía a comunicar a través de la cuenta oficial de Twitter que los allanamientos se dan por un aviso de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a organismos no gubernamentales, durante el periodo 2011- 2019.
Sin embargo, el allanamiento a las organizaciones sociales fue autorizado por la ex esposa del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, la jueza Primero de Paz de San Salvador, Haydeé Lisett Flores, quien fue electa el pasado 26 de septiembre por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin ser propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura y sin someterse a ningún proceso de selección como lo indica la ley.
Las acciones de persecución y amedrantamiento a organizaciones sociales, ambientalistas, periodistas y medios de comunicación es una política instaurada por gobiernos de Centroamérica que están siendo liderado por presidentes autoritarios.
En Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades liberan una batalla contra regímenes que violentan constantemente derechos fundamentales como los derechos humanos; libertad de expresión; el derecho a la información; derecho al agua y saneamiento; derecho a la manifestación pacífica, por mencionar algunos.
Las medidas instaladas por los gobiernos autoritarios pasan por la imposición de toques de queda, restricción de acceso a la prensa y a la información sobre el uso de los fondos púbicos de los países, persecución y encarcelamientos políticos, control de las instancias públicas y debilitamiento de la independencia judicial, legislativo, policial; todas estas acuerpadas con la ayuda militar y policial de los países.
Estos abusos están siendo denunciados tenazmente no solo por las organizaciones afectadas, sino también por organismos internacionales de derechos humanos, que constantemente hacen un llamado a los presidentes de estos países centroamericanos a regirse por la declaración universal de los derechos humanos y por las constituciones de las repúblicas.
