Las industrias de la minería, hidroeléctricas y la agroindustria de la caña de azúcar y palma africana continuaron operando con normalidad durante pandemia por la Covid-19 en los países de la región CA4. Esto provocó conflictos ambientales y sociales en muchas comunidades, como: la falta de agua, el despojo de tierra, la criminalización de ambientalistas y contaminación por agroquímicos.
Angélica Johanna Alfaro, investigadora ambiental, explicó algunos de los resultados del “Diagnostico regional sobre los impactos de los monocultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera en Centroamérica”, estudio que refleja la situación de las comunidades frente a la pandemia del Covid-19 y el desarrollo de estos proyectos extractivos.
Las industrias de la minería, hidroeléctricas y la agroindustria (caña de azúcar y palma africana) continuaron sus operaciones en medio de las restricciones por la pandemia por la Covid-19. Es decir: no tuvieron cuarentena como otros sectores económicos en la región.
Tal situación provocó diversos conflictos ambientales y sociales en los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La población de estos países fueron víctimas de la expansión desmedida de los monocultivos, el desabastecimiento del agua, el despojo de tierra en las comunidades, la contaminación por agroquímicos, entre otros conflictos, según comentó la investigadora.
Durante mayo 2020, Guatemala y Honduras produjeron alrededor de 852 mil y 580 mil toneladas métricas de aceite crudo de palma, respectivamente, según el Departamento de Agricultura de EEUU.
En cuanto al cultivo de caña de azúcar, Nicaragua produjo 5,503 mil de toneladas en julio 2020, con respecto a los 5,602 miles de toneladas producidas en similar período de 2019, reporta el Banco Central de Nicaragua.
En El Salvador, la producción de caña de azúcar aumentó un 5% durante el 2020. Según datos del Consejo Superior de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), en el ciclo agrícola 2018-2019 y la cosecha 2019-2020, el volumen producido en el país aumentó en 0.84 millones de quintales, al pasar de 17.13 millones de quintales a 17.97 millones de quintales.
Foto: questiondigital.com
ENTREVISTA
Se manifiesta que la pandemia por la Covid-19 condeno al mundo a una cuarentena, pero ¿qué pasa con ese modelo extractivo, ¿qué han encontrado en este informe?
Angelica A.: Encontramos unas tendencias bastante interesantes. En el caso de la región- Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua- en el marco de la integración económica se había establecido un plan que Centroamérica iba a estar unida contra el Covid. Al final cada país actuó de forma independiente y realizó sus propias acciones de emergencia. Lo único que se logró es detener la movilidad y el transporte a nivel regional. De allí cada país estableció sus propios protocolos de bioseguridad.
Como evidencia critica es que se declararon como Estados de excepción o toques de queda en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que fue uno de los primeros países que tomó ese tipo de acción. Esa declaración de Estados de excepción también generó violación a derechos humanos, restricción en el derecho de la movilidad; incluso acciones de autoritarismo de parte de fuerza pública. En países como El Salvador y Honduras fue bastante fuerte: detenían a personas y no permitían a líderes manifestarse. También, encontramos algunos actos vinculados a corrupción, con compras gubernamentales.
A pesar que al principio las medidas fueron sanitarias, particularmente se enfocaron más a tener un tipo de medidas económicas para no detener la economía de los países. Entonces, como que se sublevan primero todo lo que tiene que ver con los poderes económicos antes de dar prioridad a la seguridad de las personas.
Según el informe, ¿qué encontraron, en el caso de las mineras. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en esta actividad extractiva?
Angelica A.: A pesar que toda la región sufrió una gran contracción económica, porque muchos de los sectores o actividades económicas se detuvieron, sobre todo las manufactura y el tema del servicio; incluso, todo el mercado informal por las mismas restricciones que hubo. Encontramos en el caso de las actividades extractivas que estas continuaron operando. Exportaron estos sectores extractivos: la minería, la caña, palma africana. Estas no sufrieron las mismas consecuencias restrictivas en la pandemia como lo hicieron otros sectores económicos.
Se evidenció allí que, por ejemplo, hubo en algún momento disminuciones en sus indicadores económicos de producción y de exportación, ellos siguieron operando normalmente. Estuvieron desarrollando sus actividades con tranquilidad.
Otro punto clave en el análisis económico fue que los países tuvieron que acudir al tema del endeudamiento para hacerle frente a la emergencia. El incremento de la deuda publica en los países de Centroamérica va a implicar también que ya no se atienda otras necesidades y a otros sectores.
En el caso de Guatemala, el 32% de la deuda tiene relación con el Producto Interno Bruto (PIB); El Salvador adquirió un 59%, es uno de los países con un alto nivel de endeudamiento; y para Honduras, tiene un 57%. Estos datos están en las estadísticas de los bancos centrales y los retomamos hasta septiembre de 2020.
También adquirieron bonos, ellos vendieron bonos. Guatemala, El Salvador y Honduras fueron los que destinaron ese tipo de acción: a la venta de bonos internacionales. Por ejemplo, Guatemala adquirió 1,200 millones de dólares; Honduras 600 millones a plaza de 10 años. Incluso, las líneas de créditos, por ejemplo, Honduras adquirió una deuda con organismo internacionales como el FMI, Banco Mundial, El BID, el BECI por el orden de los 1,700 millones. Honduras fue uno de los países más alto en líneas de créditos otorgados. El Salvador adquirió 1,009 millones y Guatemala 887 en este caso.
¿Qué significa esos niveles de endeudamiento en estos países?
Angelica A.: Habrá una presión sobre las cuentas públicas. Esto será una carga adicional para los presupuestos generales de la republica a futuro; incluso puede haber problemas de liquidez en los Estados, el caso de solvencia, y eso va a restringir el gasto público en otros sectores: salud y educación. Cuando se elaboran los presupuestos generales muchas veces se percibe que los primeros rubros afectados son educación y salud.
¿Quiénes se benefician más cuando los países se enfrentan a estas realidades?
Angelica A.: Se supone que se utilizan esas líneas de créditos para atender la emergencia, pero al final esa deuda que queda es un financiamiento que se tiene que ir pagando a un precio mucho más alto. Solo se atiende la necesidad, pero quedan con la deuda, al final eso es una carga adicional para los Estados porque va estar pagando adicionalmente de lo que recaude.
Con relación a las empresas de las agroindustrias y las mineras ¿Cómo la pandemia del Covid-19 ha beneficiado a esas industrias?
Angelica A.: Lo que detectamos es que países como Guatemala y Honduras flexibilizaron los procedimientos los tramites de permisos para concesiones, lo hicieron como más expeditos. Esa flexibilización al final puede repercutir porque estas otorgando el permiso y no se hace con la mayor rigurosidad, por ejemplo: en términos de aspectos ambientales, estudios de impactos ambientales, las consultas ciudadanas. Hubo un aprovechamiento de parte de las actividades extractivas, sobre todo de la minería.
Los trámites para las exportaciones fueron expeditos, fueron agiles. Los asuntos de los pagos de los impuestos son posibles que se les haya retrasado para que no paguen. De por sí, las leyes mineras en la región, en términos de pagos de impuestos por parte de estas industrias son mínimos.
Ellos extraen los recursos naturales –oro, plata y niquel- y exportan a buen precio, en el contexto internacional el precio se elevó sustancialmente, y evidentemente sus ganancias están dadas.
¿Qué queda en los países? Queda el tema de los impactos negativos, los efectos en la población y el medio ambiente. La rigurosidad en que los ministerios tenían que estar auditando, monitoreando o dando seguimiento a la incursión de estos proyectos en la zona no se dio a cabalidad. Estas empresas operaron con toda libertad concedida por parte de los Estados.
A nivel de este contexto internacional, se prevé que estos rubros continúen operando y generando mayores ganancias, a costa de mayor extracción en los territorios y mayor daño a los recursos naturales.
Nuestros países enfrentan una situación dramática por el nivel de endeudamiento, por las crisis económicas de la pandemia; sin embargo, hay una fuerte parte de la industria que no ha para de trabajar: la industria minera, las agroindustrias (la palma africana y caña de azúcar), ¿Cuál es la realidad económica que deja estas empresas a nuestros países?
Angelica A.: Cuando evidencias que hay mayor producción y mayor exportación, por ende, eso implica ganancia para los sectores extractivos; sin embargo, eso se va a traducir en las localidades y territorios en mayor destrucción ambiental y deterioro de otras condiciones, por ejemplo: situación de pobreza.
Lamentablemente a finales de noviembre se presentaron dos eventos climatológicos que impactaron fuertemente a los países de la región Centroamericana, que fueron los huracanares IOTA y ETA. Estos huracanes y los escenarios en que se presentaron evidenciaron también que continuamos con las vulneraciones ambientales en la región. Se vio en estos países, como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, el incremento de pérdidas de alimentos, de medios de subsistencia, casas destruidas, muertes. Todo esto se traduce en mayor situación de pobreza extrema.
Pero, ¿están dejando ingresos económicos estas empresas en los países?
Angelica A.: No se traduce en que estas empresas estén generadas, evidentemente, resultados positivos económicos en los países. Al final, los pocos impuestos que pagan son irrisorios. No se compensa lo que ellos (empresas extractivas) están sacando con lo que están dejando a las localidades, los territorios; incluso, las mismas comunidades notan esos cambios sustanciales en sus vidas en términos de: no puede acezar a fuentes de agua, se les secan los ríos o se los contaminan. Las tierras están inutilizadas porque presionan tanto para acceder a esos terrenos y terminan desplazando a comunidades enteras.
Ante ese análisis en la investigación, ¿Cuál podríamos decir qué es el escenario laboral, social, económico y ambiental que estaría enfrentando los países de la región centroamericana con toda la crisis de la pandemia y agudización del modelo extractivos?
Angelica A.: En la parte económica, evidentemente va a continuar con una contracción de la economía de los países de la región, aun cuando ya poco a poco han venido liberando las medidas y permitiendo a que las empresas comiencen a operar para volver al desarrollo de la economía.
En el caso de la parte social, habrá un mayor deterioro de la situación de pobreza, más gente en situación de pobreza extrema, inseguridad alimentaria por la falta de empleo, y sin medios de subsistencia. Esto se puede traducir en otros efectos sociales como el tema migratorio. Mucha más gente puede estar pensando en emigrar a otros países para poder recuperarse. En el tema de la salud, estas enfermedades algunos quedan con problemas crónicos y eso deteriorar la salud de las personas.
En el tema ambiental, con el tema de la pandemia, anexados a los efectos que hubo con los huracanes, hubo mucho impacto en el entorno. por ejemplo, la perdida de bosques por las inundaciones y el asunto de los huracanes. Y aunado con las actividades extractivas, consecutivamente es uno de los mayores efectos negativos que genera en los territorios como: los impactos en los bosques, en el suelo, en los ríos. Entonces, eso también se traduce en efectos en la población en términos que puede empeorar su calidad de vida.
¿Qué tendría que hacer las comunidades en donde la pandemia ha permitido que se arrecie la instalación de proyectos extractivos y la criminalización de defensores ambientales? ¿Qué deben hacer las comunidades de la región centroamericana?
Angelica A.: Fue considerado en el informe que el mayor impacto que sufren las comunidades con el asunto de las actividades extractivas. Se manifestaron algunas consideraciones que puede tomar en cuenta las comunidades y los movimientos sociales que están en lucha. Sí, evidentemente el escenario se ve muy adverso, pero no significa que las comunidades tienen que detenerse. Creo que mantener las luchas sociales en términos de cuidar los territorios, el entorno y a las familias de estas actividades extractivas. Es algo que debe continuarse.
Hay ejemplos de comunidades que han estado al pie de estas luchas, logrado efectos positivos por revertir concesiones, detener empresas o estar ahí monitoreando o auditando a las empresas para que no estén afectando a los territorios. Es algo que para Acafremin debe mantenerse.
