En total 32 personas han sido criminalizadas, 8 de estos se encuentran actualmente en prisión preventiva después de presentarse ante los tribunales para responder a los cargos imputados.
La criminalización contra los defensores ambientales continua en Honduras. Mario Enrique Rosales fue detenido el 13 de marzo por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en La Ceiba, Atlántida. El joven es acusado por los delitos de usurpación e incendio agravado en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares de Tocoa, Colón, minera que amenaza con deteriorar los bienes naturales del Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
El estudiante enfrentará un proceso judicial por un caso de persecución contra defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, quienes están siendo criminalizado por oponerse a la minera Inversiones Los Pinares. Rosales se encuentra acusado en el expediente 22-2019 donde hay 32 personas con requerimiento judicial
"Una vez más la negligencia investigativa del Ministerio Público y DPI lleva a personas inocentes a ser víctimas de detención arbitraria", lamentó Juana Esquivel defensora de Derechos humanos.
El joven estudiante fue remitido a los Juzgados de Letras Seccional de Tocoa para presentarlo ante el juez, quien realizó la audiencia de presentación de imputado. El 23 de marzo se iniciará con la audiencia por los delitos ya mencionado.
Mario Enrique Rosales es originario de la comunidad de Isleta municipio de Sonaguera y residente en San Pedro Sula ya que cursa estudios en ingeniería en la UNAH-VS.
En agosto de 2018, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), con el apoyo de varias organizaciones y comunidades, instalaron el “campamento por el Agua y la Vida” para protestar contra los impactos ambientales causados por la implementación del proyecto minero. Entre las denuncias de la comunidad se encuentran la adjudicación irregular de licencias mineras dentro de un área protegida, los impactos ambientales del proyecto minero en una de las zonas más importantes de recarga y reserva hídrica de la región del Aguan, y la falta de consulta pública ante las comunidades afectadas.
El campamento fue desmantelado en octubre de 2018 haciendo uso excesivo de la fuerza, más de 1500 efectivos policiales y militares fueron movilizados para desalojar a unos doscientos miembros de la comunidad. Seguido al desalojo, las empresas en coordinación con el Ministerio Público iniciaron una campaña de desprestigio y amenazas públicas contra opositores del proyecto, la fabricación de cargos criminales que llevan penas excesivas y la aplicación de la ley con fines políticos. En total 32 personas han sido criminalizadas, 8 de estos se encuentran actualmente en prisión preventiva después de presentarse ante los tribunales para responder a los cargos imputados.
