UNES denunció que el gobierno intenta eliminar, en el contexto de la emergencia por la COVID-19, procedimientos de otorgación de permisos para el sector construcción.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), organización aliada de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica (ACAFREMIN), denunció las intenciones del presidente Nayib Bukele, en agilizar los permisos para el sector construcción. El gobierno aprovechó la emergencia del COVID-19 para flexibilizar la emisión de permisos ambientales en temas de: evaluación preliminar, el acceso y abastecimiento de agua y manejo de aguas negras y grises.
Edgar Romero Rodríguez, ministro de Obras Públicas, presentó, el 27 de marzo, a la Asamblea Legislativa la propuesta de “Disposiciones transitorias para la agilización de trámites en la atención de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19”. La iniciativa, según UNES, permitiría la ejecución de proyectos y obras del sector construcción en todas sus modalidades, contando con los permisos de las instituciones del gobierno, autónomas y municipalidades.
“Como UNES queremos señalar que este tipo de propuesta profundiza la vulnerabilidad ambiental en El Salvador y afecta a las comunidades más pobres”
La propuesta del Ejecutivo, dice el comunicado de UNES, busca eliminar los controles de permisibilidad para los proyectos u obras que dañan el medio ambiente. En El Salvador, recordó la organización, hay proyectos urbanísticos, como Valle El Ángel, que pretender sea construido en un importante acuífero del municipio de San Salvador; así mismo, la construcción de una hidroeléctrica en el río Sensunapán, Sonsonate, que amenaza con dejar sin agua a las comunidades cercanas.
En el artículo 2 de la propuesta, los alcances de la aplicación engloban la construcción de todo inmueble que “sea necesario realizar o modificar” para la atención de la emergencia del COVID-19. Entre ellas, según dice el documento, están hospitales, laboratorios, farmacias, cementerios, obras de paso y en general cualquier obra. Los proyectos contarán con el aval de 10 instituciones del gobierno, incluido la presidencia de la república.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tendrá la facultad de modificar las evaluaciones ambientales y de prescindir de los estudios de impacto ambiental de los proyectos u obras construida, según indica el artículo 8 de la iniciativa.
El primer año de gobierno de Bukele se caracterizó por la otorgación de permisos ambientales a sectores empresariales desde el MARN. El presidente ordenó al ministro, Fernando López, la agilización de los permisos para dinamizar el desarrollo económico. Muchos de los permisos habilitados, señalan organizaciones ambientales, son para empresas que transgreden derechos ambientales de las comunidades y sus habitantes.
