Líderes sociales y ambientales indicaron que el estado de sitio, impuesto por Alejandro Giammattei presidente de Guatemala, es para beneficiar a las industrias de la minería, hidroeléctricas y monocultivos.
125 organizaciones nacionales e internacionales rechazaron el estado de sitio impuesto por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. El decreto Ejecutivo 13-2020 restringe los derechos de movilidad y manifestación; además, permite las detenciones e interrogatorios sin justificación. Las nuevas medidas se ejecutarán en los municipios de El Estor, Livingston y Morales de Izabal y Santa Catalina La Tinta y Panzós de Alta Verapaz.
Las acciones del mandatario, según líderes comunitarios, son medidas de militarización, represión y violación a los derechos humanos contra las poblaciones de las comunidades intervenidas. Aseguraron que por ningún motivo es justificable establecer toques de quedas y controles para restringir los derechos constitucionales de la población.
En un comunicado de la presidencia, Alejandro Giammattei explicó que las medidas respondían a contrarrestar la violencia de grupos criminales, como narcotráfico, crimen organizado y actividades ilícitas.
La Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” y Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- cree que el estado de sitio responde a intereses comerciales y empresariales como la minería.
“Es evidente que la imposición del estado de sitio no busca el restablecimiento del orden y erradicación de actividades ilícitas, sino la adecuación de los objetivos productivos, comerciales y económicos de estos sectores en una región que históricamente ha luchado por salvar el Lago de Izabal de los efectos de la minería y defiende la Madre Tierra del embate de una agroindustria que depreda todo para su beneficio”, dijeron en un comunicado.
La suspensión de la licencia de explotación de la minera Fenix, de la Compañía Guatemalteca de Niquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, fue ratificada el pasado 19 de junio hasta que se realice una consulta previa basada en los estándares de la Convención 169 de OIT. Además, la corte señalo irregularidades en la extensión de la licencia, ya que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa al momento de obtener la licencia cubría una extension 6,29 kilómetros cuadrados, mientras que el Ministerio de Energía y Minas autorizó la explotación en más de 247,9 kilómetros cuadrados.
La Corte de Constitucionalidad suspendió el proyecto en julio del 2019, cuando la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor presento un amparo ante Corte de Constitucionalidad argumentado que el permiso de explotación concedido a la mina en el año 2005 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no desarrolló el debido proceso de consulta previa a los pueblos indígenas afectados en cuatro municipios.
Julio Gonzáles, representante del colectivo Madre Selva, señaló que las intenciones del estado de sitio, promovido por grandes terratenientes, es para despojar a las comunidades de los recursos naturales.
“Primero, quienes los que promueven son terratenientes que quiere expulsar a las comunidades para explotar la tierra estratégicamente para la minería, hidroeléctricas y monocultivos en las zonas norte del país”, dijó el ambientalista.
Las organizaciones pidieron a los diputados del Congreso de la República rechazar el estado de sitio del presidente Giammattei. Además, llamaron a la población para demandar la inconstitucionalidad de la militarización en los cincos municipios ya al presidente de la republica a garantizar los derechos y la integridad fisica de los defensores ambientales.
